Jaume Matas, Aina Castillo, Sergio Bertrán y Jesús Peinado.

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El expresident Jaume Matas se somete a partir de este lunes a su octavo juicio acusado de intentar amañar el mayor contrato público jamás concedido en Baleares: el del hospital de Son Espases. Es su penúltima visita al banquillo de los acusado, pero no volverá a afrontar la posibilidad de sumar pena efectiva de prisión. En este caso, la Fiscalía reclamaba en sus conclusiones iniciales cuatro años y medio de prisión.

La celebración o no de la vista pende de un posible acuerdo de última hora. Este pacto estuvo casi cerrado a finales de la semana pasada pero las conversaciones se rompieron cuando Matas ya había asumido que acumularía algo más de tiempo de cárcel a la condena de tres años y ocho meses que cumple por el ‘caso Nóos’. El motivo de fricción es además la condena de otra de las acusadas, la exconsellera Aina Castillo, cuya pena, en ninguno de los casos, sería de cumplimiento. Si no hay pacto en el último momento, el juicio se expenderá a lo largo de una veintena de sesiones. Con el acuerdo también estaban conformes el Govern y Més, acusación popular.

Las acusaciones mantienen que el expresident pudo cometer delitos de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias en el intento de amañar el contrato para que lo desarrollara la empresa OHL, del empresario Juan Manuel Villar Mir. Esta operación se abortó de forma abrupta y finalmente el contrato fue para una de las sociedades del grupo de Florentino Pérez.

Matas nunca ha dado una explicación en torno a esas maniobras. Ni en sede judicial ni en la comisión parlamentaria que investigó el asunto. Su imputación se produjo después de que la exconsellera Aina Castillo revelara al entonces fiscal, Pedro Horrach, que Matas le entregó un sobre con instrucciones para que el concurso se lo llevara OHL. Matas jamás ha revelado el origen de esa documentación. Durante la instrucción se intentó aclarar si la orden para el amaño y la posterior rectificación vino de la sede nacional del PP. Además del contrato principal, para las acusaciones tiene especial relevancia otro más pequeño: el de la consultora Global PM, a la que se adjudicó la asesoría técnica para el desarrollo de Son Espases. Ese contrató sí fue efectivo.