Se han planificado 4.722 actuaciones para vigilar la economía irregular en construcción, hostelería y comercio. | MARTA MARTIN

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Los inspectores de Trabajo de Balears vigilarán este año por primera vez que se cumplan las condiciones salariales, es decir, comprobarán que los sueldos corresponden con la legalidad. En concreto, el Govern ha planificado 100 órdenes de servicio en esta materia para el 2019.

En total, a lo largo de este año los inspectores de Trabajo ejecutarán 17.169 órdenes de servicio, de las que casi la mitad está planificadas por el Govern. Además del control salarial, el conseller de Treball, Iago Negueruela, explicó que el principal acento de la planificación se ha puesto en el empleo y las relaciones laborales, y en especial en los tiempos de trabajo (605 órdenes), temporalidad (910 órdenes) y parcialidad (200 órdenes), «en línea con la lucha contra la precariedad iniciada a principios de legislatura».

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El conseller presentó este lunes los resultados de 2018 y la planificación autonómica para este año junto con la directora general de Treball, Isabel Castro, y la directora general del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Soledad Serrano, quien informó de los resultados de las inspecciones planificadas por el Estado y que son las que corresponden a Seguridad Social, extranjería y economía irregular.

Todas las inspecciones laborales realizadas en Balears el año pasado finalizaron en propuestas de sanción que ascienden a 11,3 millones de euros, frente a los 10,7 millones de euros de 2017, unos 600.000 euros más. De esta cantidad, 8,3 millones responden a inspecciones planificadas por el Estado y otros 3,1 millones a las previstas por el Govern, que son las referidas a ocupación y relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.

El conseller recordó que a lo largo de esta legislatura se ha puesto el foco en la calidad del empleo y reveló que desde 2015, gracias a la actividad inspectora, se han convertido cerca de 30.000 contratos en indefinidos que estaban en fraude de ley.