El proyecto de construcción del tren a Artà quedó inacabado. El Govern de José Ramón Bauzá decidió parar las obras y transformar el antiguo trazado en una vía verde. Pero el Gobierno reclamó además parte del dinero gastado porque considera que no está bien justificado, así que Balears se ha quedado sin tren y además tendrá que devolver parte del dinero que gastó. | M. À. Cañellas

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El Govern ha presentado una reclamación judicial contra el Gobierno para poder recuperar 42 millones de euros que él mismo devolvió al Gobierno a principios de año. De hecho, esta complicada operación se llevó a cabo el pasado mes de abril, justo antes de que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero es ahora cuando ha salido a la luz.

Para entender a qué responde este complicado conflicto entre las dos administraciones, hay que remontarse al año 2010. En ese fecha se estaban realizando diversas obras de infraestructuras en Balears financiadas por el Gobierno a través de las famosas inversiones estatutarias. Una de ellas era el tren a Artà, pero había más.

El Govern comenzó algunas de estas obras sin que todavía se hubiera firmado el correspondiente convenio y ese es el dinero que ahora ha tenido que devolver por haberlo gastado sin justificación, según el Gobierno. El Govern asegura que las obras no formaban parte de un nuevo convenio, sino que eran la continuidad de uno anterior porque lo que estaba legitimado para gastar esos 42 millones.

Dinero que va y vuelve

Eso es lo que ahora deberá dirimir un tribunal porque, para complicar aún más la cosa, el Govern ya ha devuelto este dinero a Madrid. Lo hizo a principios de año, pero en abril cambió de opinión y presentó el contencioso para que el Gobierno se los devuelva. En ese momento aún gobernaba Mariano Rajoy. Fuentes del Ejecutivo justifican este ir y venir del dinero en que la cantidad se pagó por adelantado para que no pagar intereses en caso de que los tribunales fallen en su contra en el contencioso.

En cualquier caso, si la operación ya es de por sí sorprendente, el Govern parte con otra desventaja en todo este asunto porque el Tribunal de Cuentas ha presentado un requerimiento para que Balears devuelva esta cantidad. Para completar el insólito panorama de esta devolución, el requerimiento se basa en las conclusiones de informe elaborado por la Sindicatura de Comptes en marzo de 2016 a petición del Govern, pero el Ejecutivo lo pidió para todo lo contrario: para tener herramientas jurídicas y poder exigir a Madrid el pago de las inversiones estatutarias que no se llegaron a ejecutar nunca.

Los 42 millones en juego corresponden a obras ferroviarias en Mallorca (23 millones), obras el puerto de Ciutadella (14 millones) y obras de drenaje de las autopistas de Eivissa (500.000 euros) y otro convenio para obras en la Platja de Palma (5 millones). El pago a principios de año ya ha dejado el Govern con un agujero de 42 millones en los Presupuestos que incidirán en los resultados del déficit.