Los vecinos del bloque VIII de 'Corea' acudieron al pleno del Ayuntamiento de Palma para expresar su condena a su posible desahucio y reclamar amparo a las autoridades municipales. | Youtube Última Hora

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Cort ha notificado a las familias okupas del bloque VIII de 'Corea' que tienen hasta el miércoles de la semana que viene para abandonar sus casas. En caso de que no lo hagan elevarán la cuestión a los tribunales y será la Justicia quien decidirá.

Así lo ha informado el equipo de gobierno de Palma, quien quiere zanjar un asunto que trae cola, y que enfrenta a un total de doce familias que okuparon un edificio que las autoridades municipales pretenden derribar.

Uno de los vecinos se ha dejado oír este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma. Ha sido José Carlos, en representación de todas las familias afectadas. En uso de la palabra ha vuelto a reclamar que el ayuntamiento o el Ibavi en su caso se hagan cargo de su situación, otorgándoles un alquiler social y manteniendo que en el barrio todavía existen unas 40 casas vacías, algunas de ellas de titularidad pública.

Por su parte, los representantes del ayuntamiento han negado este extremo, recalcando que no existen pisos vacíos en el barrio.

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El vecino de Camp Redó, acompañado por integrantes de Stop Desahucios, ha avisado de que, en caso de que se precipite el desahucio de las viviendas okupadas, ocuparán la primera casa que vean. Ha afirmado, además, que las personas del bloque VIII no son narcotraficantes, sino trabajadores que no pueden hacer frente a un alquiler de 700 euros al mes.

Mantiene que el inmueble no corre riesgo de derrumbe, al contrario de lo que apuntan los informes técnicos del ayuntamiento. «Es verdad que tiene deficiencias, nosotros no lo negamos, pero el bloque no se va a caer», ha enfatizado.

Además ha retado a las autoridades a autorizar la visita de un perito de parte para que evalúe la situación del edificio.

Por otro lado ha hablado Madjid. Se trata de un ciudadano argelino que asegura llevar 30 años en nuestro país, y que ha denunciado que se ha visto obligado dormir con su familia en la calle después de ser echados de un centro de acogida en el que han permanecido los últimos dos meses. Únicamente cuenta con una ayuda de 133 euros.