Los vecinos denuncian el peligro que suponen las planchas de uralita que se han dejado tiradas en el poblado.

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Los habitantes de Son Banya exigen a Cort ayudas para otras 18 familias, que suman 89 personas, que van a ser desalojadas en las próximas semanas y que «están en situación de especial vulnerabiliad», informó el abogado que representa a los moradores, Gonzalo Márquez.

El letrado se mostró muy decepcionado por la reunión mantenida la semana pasada con el alcalde, Antoni Noguera, y la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, en la que los responsables políticos se comprometieron a revisar uno a uno todos los casos para ver si se pueden ampliar las ayudas municipales a los desalojados.

Según Márquez, este compromiso se realizó para «calmar» a la opinión pública, «pero, eso sí, sin contar con la ayuda de los representantes de Son Banya y sin parar en ningún caso los derribos, que es lo mismo que decir que se va a revisar la situación de un condenado a muerte, por si es inocente, pero que de todos modos lo tienen que ejecutar. Eso y nada es lo mismo».

Por todo ello, Márquez aseguró que el Ajuntament está «engañando» a la opinión pública.

Informó, por ejemplo, que hay tres familias de las que ya han sido desalojadas y tenían derecho a ayudas «que se han quedado en la calle porque se las han quitado». «No sabemos a qué atenernos –lamentó–, no sabemos ni cómo se ganan las ayudas, ni cómo se pierden, no sabemos nada porque hay una opacidad increíble».

En este sentido, el abogado añadió que han solicitado por escrito al Ajuntament el contrato de demolición y, añadió, «en la reunión con el alcalde del día 11 se volvió a reclamar y la respuesta fue que bajo ningún concepto nos lo darían, lo que en principio también es ilegal».

Así, este miércoles se retomarán los desahucios y los derribos y los vecinos «mantendrán sus acciones sociales de carácter pacífico».