El juez impuso al empresario Antoni Roig fianzas civiles por valor de seis millones para afrontar su posible responsabilidad por el IME y la ORA. | Alejandro Sepúlveda

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«Ayer detuvieron a Roig y hoy empiezan a destruir documentación. Ya están corriendo». Un funcionario de Cort reveló a la policía que a raíz del primer arresto del empresario vinculado con irregularidades en el instituto de deportes se desató la inquietud en ciertas áreas. Según refleja el auto del magistrado Manuel Penalva en el que se acuerda la prisión para tres de los detenidos, entre ellos el empresario Antoni Roig, el empleado municipal señaló que en treinta años de servicio «nunca había visto que arrojaran carpetas, archivadores y documentación hasta llenar completamente los contenedores de Emaya».

El magistrado justifica la medida de prisión preventiva en comportamientos como éstos y en el riesgo de que se destruyan pruebas. En la resolución recoge además cómo funcionaba la supuesta trama en el IME. La clave la sitúa en la amistad íntima entre el empresario Antoni Roig y el jefe de departamento al que también envió a prisión y destaca que ambos tenían estrechos vínculos también con Ávaron Gijón.

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Esa «relación de íntima amistad explicaría la inusitada facilidad con la que el empresario ha podido presuntamente cometer los delitos investigados», apunta. En total cuantifica el posible fraude a las arcas públicas en una «escalofiante» cantidad en torno al millón de euros.