Ante la admisión de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por el Govern balear, el Consell de Mallorca y la empresa Cúbic, han rebajado las penas que solicitaban para seis ex altos cargos y tres empresarios y han retirado la acusación contra uno de los antiguos cargos de UM.
Si bien en un principio se solicitaban penas que alcanzaban hasta 10 años de cárcel por el presunto desvío de fondos públicos para beneficiar a empresarios que financiaron la campaña del partido regionalista en 2007, finalmente la pena más alta solicitada ha sido de 12 meses de prisión sustituidos por multa de 7.200 euros.
Los acusados que ocuparon cargos en la Administración han admitido que se concertaron con los empresarios del grupo Marxant y CBM Network para otorgarles contrataciones públicas a cambio de dádivas a beneficio de UM. Posteriormente realizaron contrataciones amañadas mediante el Instituto de Estrategia Turística (Inestur).
Según la Fiscalía, lo hicieron con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública, en perjuicio del interés general, impidiendo la libre licitación y posible concurrencia de terceros y anticipando información confidencial y privilegiada sobre las contrataciones.
El fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha resumido el caso indicando que UM «utilizaba trabajadores en beneficio del partido» y «los camuflaba» en la administración, ya que trabajaban en dependencias del Consell de Mallorca, aunque estaban contratados por las empresas de uno de los acusados, Jacinto Farrús.
Dichas empresas «eran beneficiadas con contrataciones públicas y así compensa los salarios que ha pagado para los trabajadores camuflados».
Farrús y sus empresas fueron beneficiadas con proyectos de rutas artesanas y de turismo náutico, así como con estudios comparativos de buenas prácticas en turismo para discapacitados, de congresos, enoturismo y actividades acuáticas.
Los delitos admitidos han sido fraude a la administración, prevaricación, cohecho y destrucción de documentos. La Fiscalía ha retirado la acusación por malversación, ya que la administración no perdió fondos. La empresa que denunció el caso como perjudicada ha sido compensada económicamente con 70.000 euros.
Las condenas más elevadas serán para el exconseller de Turismo Francesc Buils, que se ha conformado con 12 meses de prisión sustituidos por multa de 4.320 euros e inhabilitación por 7 años; y el exresponsable de finanzas de UM Miquel Àngel Flaquer, con 12 meses reemplazados por una multa de 7.200 euros y otra adicional de 900 euros.
El empresario Farrus será quien más pagará, ya que ha admitido 8 meses de prisión sustituidos por multa de 17.280 euros, y otra sanción económica adicional de 2.970 euros.
El que fuera responsable económico del Inestur Álvaro Llompart será condenado a 8 meses de prisión sustituidos por 3.840 euros; el ex director del Inestur, Antonio Oliver, ha admitido 7 meses de prisión que se sustituirán por 3.360 euros y la jefa de área del CITTIB, Luisa Tortella 12 meses reemplazados por 7.200 euros de multa.
El ex jefe de gabinete de la presidenta del Consell Maria Antònia Munar, Antoni Martorell, ha admitido pagar una multa de 3.000 euros.
Para fijar las penas, la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión por parte de Llompart, Bongiovanni y Tortella; así como la reparación del daño por parte de todos los acusados salvo Llompart y Bongiovanni.
4 comentarios
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Un aplauso, mangantes.
Podemos primero mangonear y después negociar un trato honorable con la Fiscalía? Pero sin devolver nada, eh!! Donde hay que apuntarse?
Unas multas de importe simbólico, como las propuestas, incentivan el delito y desacreditan la justicia.Es pagar unos pocos euros para no ir a la carcel, obviamente todos los condenados aceptaran este acuerdo tan laxo.
Nadie se molesta en leer el escrito del fiscal. En el se enumeran 5 concursos y también se dice que de los5 no le dieron ninguno. Creo que es mas espectáculo que justicia