Los diputados populares José María Lafuente y Margalida Prohens durante la sesión de este martes en el Parlament de les Illes Balears, donde, por iniciativa de MÉS, han pedido al Partido Popular que devuelva las subvenciones electorales de 2007 por dellito electoral. | Jaume Morey

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El Parlament ha aprobado este martes con los votos de los partidos de izquierda una iniciativa de MÉS en la que se insta al PP a devolver la subvención que recibió tras la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 porque cometió delito electoral al pagar gastos en negro, según confesó su contable, Fernando Areal.

Areal, cuñado del expresidente autonómico y antiguo líder regional del PP Jaume Matas, está condenado en firme por abonar casi 72.000 euros en negro a la empresa de comunicación Nimbus para evitar superar el límite máximo de gasto electoral.

La proposición no de ley de MÉS recuerda que, como en aquellos comicios el PP quedó a casi 9.400 euros de alcanzar el límite de inversión en la campaña y los 72.000 euros no fueron contabilizados, realmente el partido habría vulnerado la normativa y sería responsable del delito electoral admitido por su exgerente.

El PI se ha abstenido a esta iniciativa política, C's la ha apoyado parcialmente y el PP se ha opuesto.

El portavoz de MÉS por Menorca, Nel Martí, ha afirmado que los populares tenían este martes la oportunidad de elegir «si quieren estar con los chorizos o con los demócratas», por lo que ha lamentado su voto contrario.

La iniciativa de MÉS, ha asegurado, no pretendía ir «contra ninguno, sino a favor de la democracia y así debe entenderlo el PP».

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha criticado el «circo mediático» en el Parlament que han montado los partidos de izquierda con esta iniciativa y ha lamentado que se haga «perder tiempo a los 59 diputados» de esta manera porque la Justicia se hace en los tribunales.

El único propósito de MÉS, ha añadido, ha sido «atacar» la imagen del PP, el partido que cuenta con más diputados «con diferencia» en la cámara legislativa, que logró más votos en las pasadas elecciones y que cuenta con más afiliados en Balears.

La portavoz del PSIB-PSOE, Pilar Costa, ha señalado que los socialistas estaban «absolutamente de acuerdo» con la propuesta de MÉS y ha defendido que los tribunales deben determinar las responsabilidades penales, pero eso no significa que se cumplan con las «administrativas» y se devuelva el dinero recibido ilegalmente.

Además, Costa ha animado al PP «a tomar nota de la trama de corrupción» y de financiación ilegal que afecta a este partido en Balears, València y Madrid.

Por parte de Podemos, Alberto Jarabo ha manifestado que la corrupción del PP es «un crimen imposible de perdonar» y ha calificado al expresidente de Balears Jaume Matas como un «honorable ladrón» que ahora pacta con la Fiscalía para no ir a la cárcel.

Jarabo se ha retrotraído al «caso Túnel de Sóller» y al expresidente balear del PP Gabriel Cañellas, y ha acusado la «desvergüenza» a buena parte de los miembros del PP que «les aplaudieron públicamente», «aplicaron el silencio de la mafia» y no denunciaron los numerosos casos de corrupción del PP balear de las últimas décadas.

Tras intervenir el número uno de Podemos en las islas, el presidente del PP balear y diputado autonómico, Miquel Vidal, ha pedido la palabra para llamar, visiblemente enfadado, «ladrón» a Jarabo y recordarle que Podemos apoya al PSOE, el partido «más corrupto» de España, algo por lo que debería sentir «vergüenza».

La diputada de C's Olga Ballester se ha referido a la importancia de luchar contra la corrupción y ha exigido al Govern que cree cuanto antes la anunciada Oficina Anticorrupción.

Además, ha criticado a MÉS porque dispone en el Parlament de dos grupos parlamentarios -MÉS por Mallorca y MÉS por Menorca- con el elevado gasto público que esto supone, a pesar de que sea «legal».

En las propuestas de resolución de esta iniciativa se insta a la Sindicatura de Cuentas a revisar su informe sobre la contabilidad electoral del PP en 2007 a la luz de las resoluciones judiciales.

Si la Sindicatura confirma en un informe contable lo que se ha probado en los tribunales, el Govern debe pedir un informe el Consell Consultiu sobre la nulidad de las subvenciones que recibió el PP y ese partido tendría que devolverlas, defienden los autores de la proposición.