La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, conversa en el Parlament con la portavoz del PSOE, Pilar Costa. | Pere Bota

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Los proveedores que trabajan para la Administración autonómica cobran sus facturas con un retraso medio de 95,2 días, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley que obliga a pagar a 30 días. La situación no llega a los niveles de hace cuatro años, cuando algunos proveedores cobraban con hasta seis meses de retraso, pero el ratio ha empeorado en los últimos seis meses.

Desde que gobierna la izquierda, los atrasos han crecido un 50 por ciento. El periodo medio de pago era de 59,58 días en junio, el doble de lo fija la ley, pero es que en noviembre de este año la demora ya llegaba de 95,2 días, es decir, el triple de lo que marca la ley. El aumento en las atrasos en los pagos ha sido de un 50 por ciento en estos seis meses.

La culpa de que el Govern no pague a tiempo no la tiene la administración autonómico, sino los organismos dependientes de ella, especialmente el IB-Salut, que paga con casi cuatro meses de retraso. Según los datos que facilita el Govern, la demora en los pagos del servicio de salud es de 116,85 días. Solo le supera otro organismo, el Institut d’Estudis Baleàrics, que paga con un retraso de 124,48 días.

Pese a que tarda menos en pagar, los retrasos en el IB-Salut son mucho más importantes por el volumen y la cuantía de las facturas. El presupuesto del IB-Salut ronda los 1.000 millones de euros, mientras que el del Institut d’Estudis Baleàrics es de tres millones de euros.