Una mujer mendiga en una céntrica calle de Palma. | Alejandro Sepulveda Soler

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El PSIB-PSOE ha reclamado hoy la retirada de los aspectos relativos a la prostitución, mendicidad, pancartas y agentes cívicos del borrador de la ordenanza sobre convivencia que propone el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma.

Estas reclamaciones han sido hechas por los representantes del grupo socialista en Cort, José Hila y Antonio Donaire, durante la reunión convocada por el equipo de gobierno para abordar la citada ordenanza.

Los socialistas se han mostrado contrarios a la regulación de la prostitución y la mendicidad por considerar que la normativa lo que hace es criminalizar estas actividades que por lo general realizan personas que ya están en una situación social de vulnerabilidad.

El PSIB-PSOE se ha pronunciado partidario de la persecución de las bandas criminales organizadas, aunque ha matizado que se trata de una competencia de las fuerzas de seguridad del Estado regulada por el código penal.

«Apostamos en este sentido para reforzar la atención social y el trabajo para dotar a estas personas de herramientas para mejorar su situación y salir de la exclusión», ha apuntado la formación socialista.

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Regulación de las pancartas

Sobre las pancartas, los socialistas se han mostrado contrarios a regular su uso y a la creación de los agentes cívicos, por considerar que «la ordenanza supedita derechos fundamentales como la libertad de expresión a autorización municipal"

En opinión de los socialistas esta normativa municipal que propone el equipo de gobierno de Cort «crea un cuerpo de agentes cívicos a discreción del alcalde que supone enfrentar ciudadanos con ciudadanos y que no sería necesario con una policía de proximidad que hiciera cumplir las ordenanzas».

Según los datos que maneja el grupo municipal socialista y que proceden de la Red para la Inclusión Social en las Islas Baleares. en este momento, el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza está en el 18,5% de la población.

Los socialistas han reclamado que esta ordenanza incluya un programa de información, formación y prevención, y «no solo se remita al régimen sancionador».