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El Parlament ha aprobado hoy, a instancias del Grupo Parlamentario Popular y con los votos en contra de PSIB-PSOE y MÉS, instar al Gobierno central a desarrollar una normativa específica que regule la actividad de los Party Boats.

De esta forma la Cámara insta a asumir la urgencia de la situación para establecer unos límites normativos por el vacío legal que existe, además de constatar la proliferación de la actividad turística que requiere una regulación específica que garantice la seguridad del usuario y el respeto al medio ambiente.

Miquel Jerez ha afirmado que «esta necesidad surge porque no existe una normativa actual que determine las condiciones en las que debería quedar sujeta esta actividad ni la responsabilidad de los promotores ante el riesgo que puede suponer para las personas y para el medio ambiente el hecho de sobrepasar los límites razonables».

El diputado ha aseverado que las administraciones locales y autonómicas han procurado «en el marco de sus respectivas competencias, ejercer control sobre este tipo de embarcaciones y sobre la actividad».

Ha añadido que por ello a los promotores de los Party Boats se les requiere «realizar la comunicación correspondiente al órgano autonómico, disponer de seguro de responsabilidad civil, respetar las medidas de seguridad marítimas, los límites de aforo, controlar los espacios de fondeo, respetar las marcas de seguridad de las playas, no invadir los parques naturales y controlar la contaminación acústica dentro de los límites exigidos».

Asimismo, Jerez ha incidido en que este esfuerzo conjunto «se cree que es suficiente para el control de la actividad, pero también es cierto que existe el claro objetivo de regular específicamente esta actividad».

«Teniendo en cuenta esta voluntad de regulación dentro de un ámbito competencial transversal, es el Estado el que debe asumir la responsabilidad del desarrollo legal de esta regulación», ha explicado.

Finalmente, Jerez ha aseverado que la mayor parte de la actividad de Party Boats se realiza en la costa y en aguas interiores donde las competencias en cuanto a la disciplina de la actividad corresponden al Gobierno del Estado y los organismos públicos dependientes.