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No existe una única solución para las polémicas participaciones preferentes en la banca. El carácter individual de la firma para ese producto financiero supone que en bastantes casos, en Balears, se opte aún por la demanda judicial para recuperar todo lo invertido.

«Mi impresión es que estas reclamaciones en el ámbito judicial todavía van para largo», señala la abogada Aina Castillo, que recientemente intervino en Palma en un acto organizado por Aula Finanzas en el que se trataba de orientar a los afectados.

Entidades nacionalizadas como Bankia, Catalunya Banc o Nova Caixa Galicia Banco, que recibieron dinero público para su liquidez, han sido forzadas a ofrecer una mediación a los «preferentistas», pero ello no asegura el primer deseo de estos, que es volver a disponer de sus capitales íntegros.

Reclamación

«Naturalmente la intención de recuperar sus depósitos es la primera cuestión que se plantean los titulares -explica Castillo-, por lo que no todos confían en obtenerlo con una mediación, que de ser aceptada cierra otros caminos de reclamación, y desde luego no todo el mundo está dispuesto a canjes por acciones de las entidades bancarias que al no cotizar en bolsa les llevan a un escenario de mermas muy significativas del dinero que en su día depositaron».

En el caso de los bancos nacionalizados, el Gobierno, a través de Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se ha comprometido a recomprar el canje de preferentes y deuda subordinada por acciones con una quita que oscilar entre el 48 y el 66,5 % del capital depositado.

«Mientras por las circunstancias ese descuento del capital sea elegido libremente por los preferentistas, ahí están encontrando su solución -explica Castillo-, pero no se trata del conjunto de los afectados y, además, hay poseedores de preferentes y deuda subordinada en otras entidades, bancos y empresas, que no ofrecen esas soluciones y hay que elegir».

En el despacho de Aina Castillo, como en otros de abogados de Palma, sigue habiendo un goteo constante de personas que quieren reclamar en los tribunales el llamado «defecto de consentimiento», es decir, la falta de información precisa que era necesaria para tomar «preferentes». De ganar el pleito, recuperarían cada euro invertido.