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El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha atribuido hoy a un «error» que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, omitiera su participación en empresas cuando hizo la declaración de bienes e intereses ante el Parlament y ha encomiado el gesto de transparencia que supuso subsanar ayer ese «olvido».

Bosch ha dicho que Bauzá no tiene por qué admitir lecciones de rivales políticos que han hecho públicas después que él sus declaraciones de la renta y no han divulgado las notas registrales de sus propiedades patrimoniales, como sí ha hecho el jefe del ejecutivo.

«El presidente no miente», ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern su portavoz, quien ha sugerido que la líder del PSIB, Francina Armengol, pudo haber modificado su declaración parlamentaria de bienes e intereses sin hacerlo constar en el registro de la cámara legislativa.

Ha insistido en que Bauzá «subsanó» a través del registro del Parlament «la omisión de algún dato», algo que «parece ser que otros diputados no han hecho», lo cual demuestra que no tiene «nada que esconder».

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Respecto a las razones que podrían explicar el «olvido» del presidente hasta pocas horas antes de hacerse públicas las declaraciones de todos los diputados, ha asegurado que son cuestiones personales por las que él no le ha preguntado.

Bosch ha explicado, sin afirmarlo, que el hecho de que en la declaración de Armengol aparezcan anotaciones con dos colores de tinta diferentes puede deberse a que ella pidió el documento para consultarlo y lo modificó.

El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, que acompañaba al portavoz para presentar el proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales, ha recordado que su departamento hizo un informe que avalaba la compatibilidad del presidente del Govern a partir de la declaración de bienes y actividades que este presentó cuando asumió el cargo.

Ante las preguntas de los periodistas, Gornés no ha podido aclarar si esa declaración recoge los mismos datos incompletos que la que Bauzá presentó inicialmente ante el Parlament porque «es un documento confidencial» y el informe que se realizó sobre él tiene carácter «reservado».