José Ramón Bauzá, en una imagen de archivo. | Pere Bota

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Los tribunales decidirán el futuro de José Ramón Bauzá: si puede continuar de president compatibilizando el cargo con su participación en empresas y la titularidad de una farmacia en Marratxí.
Al menos, ese es el propósito del PSIB y del PSM-Iniciativaverds-Entesa al promover un proceso judicial que se inicia con la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para que anule el acuerdo del Consell de Govern de octubre de 2012 por el que se archivaban las «diligencias reservadas informativas» para determinar la incompatibilidad de Bauzá.
El recurso y el proceso judicial toman como modelo la actuación que impulsó el PP durante el primer Govern del Pacte de Progrés. Entonces, el PP llevó a los tribunales el caso de la consellera de Salut, Aina Salom. Años después, cuando ya no era consellera, el TSJB determinó que era incompatible por ser titular de una botica y consellera y la inhabilitó para ocupar cargo público. La oposición espera que el TSJB decida antes, ya que existe ese precedente.
La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el secretario general del PSM, Biel Barceló, comparecieron ante los medios de comunicación para dar cuenta de la iniciativa. Explicaron que habían decidido sumar esfuerzos en lugar de actuar cada partido por separado. La defensa legal de la parte demandante la llevará el abogado José Luis Martín Peregrín, exdiputado socialista y experto en contenciosos de este tipo.
Vulneración de ley
El president Bauzá defendió ayer su compatibilidad y la portavoz del PP, Mabel Cabrer, acusó a la oposición de no tener alternativa y de «querer ensuciar» la imagen del president.
Armengol y Barceló explicaron que si recurrían a la vía judicial era porque ni el Govern ni el PP les había dejado otra opción.
Entienden que, pese al acuerdo del Govern descartando la presunta incompatibilidad, ésta es evidente y que acentúa la «situación gravísima» que atraviesan las instituciones de Balears» después de que este año hayan dimitido otros dos altos cargos como el exdelegado del Gobierno José María Rodríguez y el hasta el miércoles presidente del Parlament, Pere Rotger, ambos imputados en el ‘caso Over’ de supuesta corrupción.
Consideran más que acreditado que Bauzá ejerció sus funciones durante unos meses mientras figuraba como administrador de las empresas Bauser y Divino, función a la que luego renunció aunque sigue siendo socio único. Además, es titular de una farmacia de la que obtiene rendimientos económicos a la vez que «cobra un sueldo con dedicación exclusiva como presidente del Govern». Todo ello, entienden ambos, vulnerando la Ley de Incompatibildiades.

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