Fotografía de archivo tomada el 23/01/09 en Palma de Mallorca del exconseller de Territorio de Mallorca (Unión Mallorquina-UM) Bartomeu Vicens. | Monserrat T. Diez - EFE - EFE

El exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de UM Bartomeu Vicens ha solicitado que sea un tribunal del jurado el que le juzgue por su presunto enriquecimiento ilícito a través de la 'tapadera' Metalumba, de la que se habría servido para ocultar los ingresos que de forma supuestamente ilegal cobró, mientras era alto cargo del Consell de Mallorca, por sus gestiones en favor de la recalificación del polígono de Son Oms. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita para el acusado 19 años y tres meses de cárcel.


A través de dos recursos de reforma interpuestos contra el auto que ponía fin a la instrucción de esta pieza separada del caso Son Oms, tanto Vicens como su mujer, Antònia Martorell, y su presunta testaferro Elisabeth Diéguez, estiman improcedente que en el marco de estas pesquisas se sostenga que pudo cometerse un delito de prevaricación administrativa, el único de todos los ilícitos penales que da pie a que vayan a ser juzgados por un tribunal profesional.

Así, en el recurso presentado por Martorell y Diéguez, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Jaime Campaner expresa sus discrepancias con el juez instructor por haber «adoptado a pies juntillas» el criterio de la Fiscalía, «sin elaborar una necesaria labor de filtro, cuanto menos, en una construcción jurídica del todo imposible».
«Aún aceptando a los meros efectos dialécticos la bondad de los hechos punibles y dando por sentado -lo cual es mucho suponer- que fueran ciertos, fluye una inopinable cuestión jurídica: la imposible calificación jurídica de los mismos como prevaricación administrativa», asevera la defensa.

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Y como fondo de la cuestión: la aprobación de la modificación del Plan General Urbana de Palma, que permitió, según los investigadores posibilitar un desmesurado incremento de la posibilidad edificatoria en los polígonos industriales de la capital y, más en concreto, duplicar la de Son Oms de 380 metros cuadrados a 797. Una actuación que de por sí no revela «resolución administrativa alguna por su parte susceptible de ser incardinada en el tipo penal», más allá de «supuestos tráficos de influencias que serán objeto de enjuiciamiento».

Por ello, el letrado apela a que sea estimado su recurso a fin de pueda eliminarse la prevaricación «del rosario de delitos» por los que será juzgados el exconseller, su esposa y cinco acusados más, y que son todos ellos competencia del tribunal del jurado: cohecho, tráfico de influencias, contra la hacienda pública agraviado con la utilización de personas interpuestas, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Y es que, en este contexto, el Ministerio Público postula que tanto Vicens como su mujer crearon la empresa Metalumba «con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos así como su verdadera riqueza», además de evitar su correcta tributación a Hacienda. De hecho, mientras ostentaba el cargo de conseller, la acusación sostiene que recibió unos 559.000 euros directamente, a través de su esposa o por medio de Metalumba, pagos que habrían sido realizados por Jaime Montis, entonces propietario único de Gestora de Desarrollo Son Oms.

Una sociedad que intervenía en la promoción y desarrollo del polígono industrial y cuya actividad «entraba en la esfera de las competencias que tenía la Conselleria que dirigía Vicens», tal y como relata la Fiscalía en su extenso escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Puesto que Metalumba carecía de actividad real, los diversos cobros que canalizó suponían «la dádiva o contraprestación que por las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones públicas haría Vicens para favorecer los intereses de la Gestora».