«O cumplimos con la austeridad o cerramos por quiebra». La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, lanzó este mensaje en el debate de política general de la institución insular, en el que se mostró crítica, en ocasiones muy dura, con la herencia recibida por el Pacte de Progrés «que nos ha llevado a un endeudamiento descomunal».

Salom apeló al «valor de tener valor» para hacer frente a una situación económica complicada. Aseguró que Mallorca necesita una serie de años «de ahorro prolongado» y que ha llegado el momento de que las Administraciones se aprieten el cinturón, después que ya lo hayan hecho los ciudadanos.

Salom, que no hizo anuncios de nuevos planes de futuro, explicó que, a su llegada al gobierno del Consell, se encontró con una deuda de 329 millones de euros, una «irresponsabilidad institucional», dijo.

Cierre de [M]

Justificó el cierre de [M] al asegurar que representaba un coste «desmesurado e inasumible en tiempos de crisis» y recalcó que, pese al cierre, durante los próximos 12 años el Consell seguirá pagando 171.698 euros al mes para amortizar los préstamos. También reprochó que el Pacte destinara el dinero del convenio de carreteras, 130 millones de euros, a «tapar agujeros» y preguntó a los miembros de la oposición por qué no reclamaron a Francesc Antich que pagara los 220 millones de euros de deuda que tiene el Govern con la institución insular.

Alertó de que, a estas cifras, se suma el hecho de que afectados por las actuaciones del Consell han presentado reclamaciones económicas que ya suman 600 millones de euros. «No tienen muchos motivos para estar orgullosos de su gestión», señaló.

Señaló que la aplicación del Plan Territorial ha sido un fracaso, ya que sólo tres municipios se han adaptado a la norma, pero aseguró que el decreto de medidas urgentes que tramita el Parlament permitirá desbloquear esta situación en muchos municipios.

Reprochó a la anterior presidenta que gastara dinero para promocionar su figura y que convirtiera el Consell en una mera «plataforma política».

También se defendió de las críticas de la oposición, que le acusaron de actuar con «sumisión» al Govern. «A lo que ustedes llaman sumisión, yo le llamo lealtad institucional», afirmó la presidenta de la institución, quien afirmó que sí ha planteado reivindicaciones al Govern, «pero lo hago en los despachos, no a través de los periódicos, como hacían ustedes».