Juan José Bestard, director general del IB Salut. | ultimahora.es

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Las mujeres que sean derivadas a las clínicas privadas que practican interrupciones voluntarias del embarazo y no puedan pagarlo deberán pedir ayuda a los servicios sociales.
Así lo indicó ayer el director general del IB-Salut, Juan José Bestard, y apuntó que las mujeres deberán pagar la intervención de su bolsillo si el centro privado así lo solicita -440 euros con anestesia general y 340 sin anestesia- y luego presentar la factura al Servei de Salut que le reembolsará el importe.
Bestard indicó ayer que «no estamos incumpliendo la ley -tal y como habían denunciado previamente los partidos de la oposición y los colectivos de mujeres- y apostilló que la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo «nos obliga a asumir directamente el abono de la prestación, pero no especifica que se realice de forma anticipada», concretó.
Protestas
El grupo PSM-IV-ExM en el Parlament envió ayer un escrito al Defensor del Pueblo, al Instituto de la Mujer y al Institut Balear de la Dona pidiéndoles que se pronuncien sobre los cambios en la aplicación de la ley en las Islas decididos por el Govern.
Mientras que desde EU y el PSOE advirtieron que el PP «no puede vulnerar las leyes que no le gustan», en palabras de la secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón.
Las asociaciones de mujeres y otras asociaciones de carácter social también protestan por la medida. La Associació de Dones de les Illes Balears (ADIBS) a mandado una carta a la consellera.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se opuso ayer al pago por adelantado por entender que vulnera la ley. El presidente de ACAI, Santiago Barambio, declaró que la medida del Govern constituye «una clara rebelión contra la ley, al vulnerar su espíritu y su letra».