Imagen de archivo de trabajadores inmigrantes en el campo balear

TW
9

El Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto para congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los actuales 614,40 euros mensuales a causa de la coyuntura económica.

Esta es la primera vez que se congela el salario mínimo desde que se creó, registrando subidas superiores al 4% entre 2001 y 2009, aunque sólo en 2010 y 2011 sólo experimentó incrementos del 1,5% y el 1,3%.

En las Islas, según cálculos del secretario de Acción Sindical y Empleo de la UGT, Manuel Pelarda, hay cerca de 60.000 trabajadores que cada mes cobran menos de los 614,40 euros del salario mínimo.

«Los trabajadores a tiempo parcial, tanto indefinidos como temporales; las trabajadoras adscritas al Régimen del Hogar o los trabajadores del campo cobran salarios que están por debajo del salario mínimo», especificó ayer Pelarda.

El portavoz de UGT recordó que el salario mínimo interprofesional es, además, un referente a la hora de calcular las prestaciones por desempleo; las ayudas a los trabajadores mayores de 52 años o en el caso de los embargos salariales, y se mostró en contra de la medida que hoy está dispuesto a tomar el Gobierno central.

Econacionalistas

Por otra parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PSM-IniciativaVerds-Entesa, Fina Santiago, presentó ayer una proposición no de ley (PNL) para que el Parlament rechace la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, anunciada el pasado miércoles por el Gobierno español.

La iniciativa también pretende instar al Ejecutivo estatal a revisar esta decisión y a convocar a los agentes sociales para negociar y acordar la subida para el año 2012 del salario mínimo interprofesional.

Santiago subrayó en un comunicado que «ni Franco se atrevió a congelar el Salario Mínimo Interprofesional», el cual se ha subido anualmente desde 1967. Además, Santiago se preguntó ayer «en qué apartado del programa electoral del PP estaba anunciada esta medida».

El Salario Mínimo Interprofesional es una cuantía que marca el límite que se puede pagar a un trabajador por una jornada laboral a tiempo completo.