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La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha garantizado hoy que el proyecto de presupuestos del Govern para 2012 «asegura el cumplimiento del desarrollo de la Ley de Dependencia» y ha acusado al PSIB de hacer demagogia al negarlo.

En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlament de hoy, la consellera ha tildado de «demagógica e irresponsable» la posición de los socialistas, cuya diputada Conxa Obrador ha subrayado que el plan presupuestario deja sin cobertura algunas ayudas para personas dependientes.

Castro ha apuntado que, aunque no haya partidas concretas para la totalidad de los beneficiarios, los presupuestos permiten la ampliación de créditos para este fin, además de que están pendientes de concretarse las aportaciones correspondientes al Ejecutivo central.

«Se cubrirá completamente la Ley de Dependencia. Se ha cumplido mes por mes con las personas dependientes», ha incidido la consellera.

Sin embargo, Obrador ha recalcado que la previsión presupuestaria pone en riesgo los recursos públicos que favorecen la cobertura de las necesidades de 15.814 personas que necesitan atenciones específicas por enfermedad crónica y discapacidad.

«Nos encontramos ante un caso de emergencia social que este Govern no quiere escuchar», ha resaltado la diputada socialista, para quien el Ejecutivo del PP hace prevalecer el «equilibrio presupuestario» sobre los derechos sociales.

Por otro lado, en el turno de preguntas del pleno del Parlament Castro también ha defendido al proyecto de promoción de la salud del IB-Salut.

El diputado del PSIB y exconseller de Salud Vicenç Thomàs ha pedido la retirada de este plan porque, según ha dicho, ha sido elaborado directamente por un representante del «lobby de la sanidad privada».

«El ideólogo de este documento (Daniel Pallares, según el diputado) pone el negocio por encima de la salud. Usted ha renunciado a su obligación de gobernar en beneficio de lo público», ha reprochado Thomàs a Castro.

La consellera ha respondido cuestionando el interés de su antecesor al hacer esta denuncia y le ha echado en cara que la situación financiera en que ha dejado la Conselleria no es un ejemplo de defensa del interés público.

Castro también ha sido protagonista en otra pregunta de su propio grupo que le ha servido para defender la utilidad de la nueva tarjeta sanitaria que se implantará en 2012 y que supondrá un coste de diez euros para cada usuario.