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El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, ha acordado dar un plazo de 15 días a Unió Mallorquina (UM) para que presente alegaciones contra la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros solicitada por la Fiscalía para la formación en el marco de la operación Picnic.

Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, el juez ha adoptado esta decisión después de que el Ministerio Público haya solicitado un plazo prudencial para que el partido nacionalista pueda esgrimir sus argumentos por los que se opone a esta caución y exponerlos en un escrito antes de que el magistrado se pronuncie sobre la fianza, y para que designe a un abogado y un procurador que les represente.

En cualquier caso, la resolución ya estaría en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, después de que Pérez se haya inhibido de esta causa, que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de nuevos militantes y futuros votantes del partido presidido por Josep Meliá.

Las mismas fuentes han explicado que el pasado lunes la petición de la fianza civil les fue notificada al propio Meliá y al secretario general de la formación, Joan Monjo, a fin de que UM supiera que había sido solicitada esta caución, evitar rumores en prensa y que puedan incurrir en un delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes.

La fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados más un tercio de esta cantidad que marca la Ley.

Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la semana pasada por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los registros practicados a lo largo del pasado viernes en el marco de la nueva operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, agentes de la Policía Judicial allanaron la sede de UM en lo que constituye el primer registro de un partido político en la historia democrática de Baleares.

En relación a los detenidos registrados, el juez interrogó el pasado lunes, durante una larga jornada, a la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien decretó una fianza penal de 300.000 euros que depositó ayer; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que hoy ha rebajado a 65.000, y al ex consejero de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares.