La crisis multiplica por dos el número de beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción

La consellera d´Afers Socials, Fina Santiago, explica a este diario que entre 2003 y 2007 la cifra de usuarios de esta ayuda rondaba el millar, pero en 2008, cuando la crisis empezó a apretar, se produjo un incremento, al pasar de 1.006 a 1.180 usuarios. Y en 2009, cuando la situación económica tocó fondo, fue cuando la demanda subió de forma espectacular y los beneficiarios pasaron a ser casi el doble, 1.937. «Todo este incremento se refiere a personas que hasta hace poco no tenían ninguna necesidad de recurrir a los servicios sociales porque trabajaban y tenían unos ingresos, pero que con la crisis, sin ninguna capacidad de ahorro y escasos recursos familiares, se han visto en una situación de vulnerabilidad o, incluso, de precariedad», argumenta.

Más dinero

En consonancia con el incremento de la demanda, la cantidad destinada por la administración pasó de los 2,8 millones en 2007, a 3,6 millones en 2008 y ya a 5,5 millones en 2009. Para el año en curso, la consellera estima que se superará esta cantidad y se alcanzarán casi los seis millones. Partimos de 3 millones al principio de año, pero en agosto -concreta- ya destinamos un millón de euros más al Consell de Mallorca y este mes se han remitido dos millones más, a repartir entre los cuatro consells, que son los que gestionan la ayuda a partir del dinero que reciben de Govern y de la parte que aportan ellos mismos.

Esta renta se puso en marcha por primera vez en el año 1995 a nivel insular con el Govern del pacto en el Consell de Mallorca y cuando este pacto entró en el Govern en 1999 elaboró un decreto, aprobado en 2001, que regulaba la concesión de esta ayuda a toda Balears. Para solicitarla se debe recurrir a los servicios sociales de los ayuntamientos.

El requisito para reclamar la RMI es no recibir ningún otro ingreso, tener a partir de 25 años (salvo menores tutelados por la administración) o un mínimo de seis meses de residencia en el país -pues el 44 por ciento de los beneficiarios son extracomunitarios, sobre todo africanos-. El 50,9 por ciento de las personas que reciben la renta tienen de 25 a 39 años y el 47 por ciento se concentran en Palma.

El 25 por ciento de los titulares son hogares monoparentales (mujeres separadas, divorciadas o madres solas). La ayuda se concede por un tiempo determinado, renovabable en algunos casos, «pero siempre se pide algo a cambio, a la medida del beneficiario, como puede ser que se sigan cursos de formación o un compromiso para llevar cada día a los hijos al colegio en buenas condiciones, etc». La consellera reconoce que existen personas en lista de espera para recibir esta ayuda, que en Balears se sitúa casi en la media nacional en cuanto a la cantidad (el País Vasco, por ejemplo, concede 616 euros por persona).

Esta ayuda, por tanto, se concede en todas las comunidades, las cuales, asegura Santiago, pugnan porque el Estado también colabore con una parte. «Es una necesidad que hemos detectado todas las autonomías y por eso se está estudiando que a partir de la RMI, las pensiones no contributivas y las ayudas económicas de familia y nuevos ingresos del Estado se pueda crear una nueva renta, denominada renta de ciudadanía».