Previous Next
3

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó hoy, a petición del Ministerio Fiscal, prisión bajo fianza de 50.000 euros para el ex-conseller de Economía y Hacienda del Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis de Ayreflor, tras imputarle los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación, en el marco de la Operación Bomsai, que investiga una supuesta malversación de fondos públicos a través de la empresa pública CAIB Patrimonio.

Así lo han informado fuentes judiciales, que señalaron que Ramis de Ayreflor tiene de plazo para pagar la caución hasta el próximo jueves a las 12.00 horas, mientras que señalaron que la magistrada también ha retirado el pasaporte a Ramis de Ayreflor, quien ha obligado a comparecer ante los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

La jueza decretó estas medidas cautelares, tras haber interrogado durante más de dos horas y en calidad de imputado a Ramis de Ayreflor, quien durante la pasada legislatura fue el máximo responsable de CAIB Patrimonio, empresa investigada por amañar contratos con los que regar empresas particulares durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma.

Baja del PP

Poco después de conocerse las medidas cautelares, Ramis ha solicitado la baja voluntaria del PP, según ha informado el partido mediante un comunicado, señalando que se ha aceptado dicha petición.

De este modo, el ex conseller se ha adelantado a la decisión del líder del PP balear, José Ramón Bauzá,quién anunció la semana pasada que «expulsará inmediatamente» del partido a todos aquellos militantes contra quienes se dicten medidas cautelares.

Niega cualquier irregularidad

Durante su declaración, el ex conseller ha negado ante la jueza del «caso Bomsai» cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de los concursos públicos por parte de la empresa pública Caib Patrimonio, que él presidía durante la anterior legislatura.

Durante su interrogatorio, los fiscales Anticorrupción le han preguntado por la empresa Atlas Capital Close Brothers, que recibió 600.000 euros de Caib Patrimoni para redactar las bases y tutelar los concursos de las obras del nuevo parque de bomberos de Palma y la nueva Conselleria de Salud.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que se pudieron producir sobornos en la adjudicación de estas obras y que supuestamente se amañaron.

En concreto, le han inquirido acerca de por qué se decidió otorgar a Atlas este trabajo, ante lo cual el conseller ha avalado la profesionalidad de esta empresa.

Esta compañía, según figura en su página web, es un banco de inversión integrado en el Grupo Daiwa Capital Markets que ofrece un servicio de asesoramiento financiero a empresas e inversores privados.

En cuanto a la decisión de otorgar los concursos a un conjunto de empresas y no a otro, el conseller ha dicho que estas resoluciones las tomaba el consejo de administración de Caib Patrimoni y que, por tanto, eran colegiadas.

Sáinz de Baranda y Pol

La declaración de Ramis se produjo después de que el pasado viernes quedaran en libertad bajo fianza los dos principales implicados en este caso, el ex director general de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, y el ex director general de Emergencias, Joan Pol, para quienes la jueza decretó una fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente.

Concretamente, los delitos que se le imputan a Joan Pol son los de prevaricación y cohecho, mientras que a Sainz de Baranda le imputa los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Ambos tienen hasta el miércoles a las 12.00 horas para abonar la caución que en el caso de Sainz de Baranda coincide con lo que solicitaron los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán, mientras que en el caso de Pol, supone una rebaja de 20.000 euros, respecto a lo que pidió el Ministerio Fiscal.

Asimismo, la magistrada también decretó el pasado viernes la retirada del pasaporte a Sainz de Baranda y Pol, detenidos por la Policía Nacional el pasado martes y miércoles, respectivamente, y a quienes prohibió abandonar el territorio nacional y, además, les obligó a comparecer ante los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Un total de siete detenidos

Esta decisión se produjo, después de una jornada de interrogatorios, que se inició con el ex-director gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, detenido el pasado martes y para quien la jueza ya decretó esa misma tarde, a petición del Ministerio Fiscal, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en los juzgados. Concretamente, la magistrada le imputa los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En total, siete personas han sido detenidas en el marco de la Operación Bomsai, que investiga la presunta trama corrupta urdida desde la empresa pública CAIB Patrimoni.