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Un imputado dentro del caso Maquillaje, Bartolomé Sans, atribuyó hoy al ex administrador de la productora Vídeo U, Miquel Oliver, la propuesta de ceder en 2005 los derechos de las televisiones locales para la futura creación de un archivo audiovisual que, según las investigaciones, resultó inexistente y por el que el Consell de Mallorca pagó 280.000 euros a la entidad que aunaba a las cadenas locales de la isla y otras empresas vinculadas a Vídeo U, investigada dentro de este procedimiento.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Sans recordó que Oliver propuso a la Televisió de Binissalem, a la que pertenecía a través de la asociación cultural Sa Copiña, la cesión gratuita de sus derechos de emisión previa a la creación de Televisió de Mallorca, ya que en esa época había cadenas que por orden de la Administración debían cerrar y «como sabíamos que estábamos abocados a desaparecer, nos pareció lo más lógico y correcto».

Sin embago, más adelante el ex administrador de Vídeo U -que recibió más de cuatro millones de euros para la puesta en marcha de Televisió de Mallorca- propuso ceder los derechos de las imágenes para su catalogación, de modo que «cada uno percibiría una cantidad», recordó el encausado, asistido por el letrado Carles Tarancón. «A nosotros nos dio el dinero la Xarxa» -en referencia a la red que entonces aunaba a las televisiones locales- «y a ésta el Consell», sin saber que «se trataba de una subvención» de la Administración pública.

De este modo, aseguró desconocer cómo se desarrolló la subvención ya que «nosotros catalogamos pero no intervenimos en el proceso». Fue en el momento de realizar las facturas cuando se les comunicó que eran para una subvención, según explicó, aunque no en la primera sino «en la segunda factura». Es más, señaló que ésta fue rectificada después de que el ex gerente de la Xarxa, Bartolomé Berga, les dijese que «no era correcta» y que no había que poner como concepto «Consell de Mallorca».

«Di por supuesto que la factura era correcta, porque si no no se las hubieran pagado», aseveró el imputado. Sans recordó que recibieron una carta del Consell en la que se valoraba en 30.000 euros la cesión de los derechos, cantidad que no cobraron, lo que consideró «un detalle y un agradecimiento», mientras que fue con la cesión de los derechos de las imágenes cuando «se nos dio un precio», y él acabó percibiendo 20.000 euros.

En esta misma línea fue interrogado Miquel Jaume Horrach, quien representaba a la asociación Serra Mamerra en la televisión local de Petra. El imputado, también defendido por Tarancón, recordó que cedieron los derechos de emisión del Canal 22 de forma «totalmente gratuita» pese a estar valorados en 30.000 euros, y posteriormente les fue propuesto desde la Xarxa ceder las imágenes que tenían para formar un archivo.

"Nunca se habló de ninguna subvención del Consell"

Tal y como manifestó, en una reunión en la que participó de la red de televisiones locales «nunca se habló de ninguna subvención del Consell, sino que lo he sabido ahora». Es más, incidió en que no conocía que la factura era para la Institución Insular, ya que «nadie me lo dijo y en aquel momento lo desconocía».

En su caso, afirmó que alguien de su asociación le dijo que había que cambiar el concepto de la factura que ya estaba entregada para la cesión de las imágenes, pero «no sabía nada de que estuviera relacionado con el Consell». Finalmente, a preguntas del fiscal Juan Carrau, el encausado manifestó que en aquel momento entendió que su archivo era para que lo pudiera utilizar Televisió de Mallorca, y aseguró que «no sabía de dónde provenía el dinero».

Previamente a la declaración de ambos imputados depuso como testigo la periodista Catalina Oliver, precisamente hermana de Miquel Oliver, quien recordó que la Xarxa se unió cuando se preveía la aparición de la Televisión Digital Terrestre y la desaparición de las televisiones locales. «Se empezaron a unir para buscar salidas a su cierre y acceder algunas a la TDT», explicó.

Sin embargo, aseveró que en las reuniones de la Xarxa a las que ella asistió no se habló sobre la subvención de 280.000 euros, ya que estos encuentros «eran muy previos», por lo que aseguró desconocer cómo funcionó el proceso para la cesión de archivos, y negó por tanto haber recibido dinero de la subvención.