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Las denuncias por violencia de género se han incrementado un 18% en el partido judicial de Palma durante 2008, respecto al año anterior, según el informe 'Violencia de género. Datos del municipio de Palma' realizado por el Observatorio municipal de la igualdad. En total, el pasado año se registraron 3.064 denuncias; esto supone un ratio de 53'88 requerimientos por cada mil habitantes, mientras que el ratio de Balears es de 43'7% y el de España de 30'80%.

Concienciación social
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, y la regidora d'Igualtat, Cristina Ferrer, valoraron positivamente este incremento de denuncias, ya que ponen de manifiesto una mayor concienciación social sobre la importancia de erradicar la violencia de género.

Sin embargo, ambas lamentaron el incremento de las denuncias que se retiran a lo largo del proceso; exactamente en una de cada cuatro ocasiones la víctima decide retirarla. El perfil de la persona que retira la denuncia es el de una mujer de 32'6 años nacida en el extranjero, especialmente en América Latina, con estudios primarios. El 37% de ellas están casadas o en parejas y el 82% tienen hijos. Aunque no suelen confesarlo, uno de los factores que influyen en que la mujer retire el requerimiento es el económico, aunque el 43% argumenta razones emocionales (cuatro de cada diez confían en que su pareja cambie su comportamiento); así como mantener la unión familiar.

Ferrer puso de manifiesto la necesidad de reforzar el apoyo a las víctimas a lo largo del proceso para que no retiren la denuncia y destacó que existen ayudas económicas y de alojamiento para ayudar a las víctima de la violencia de género.

Uno de los datos más significativos del estudio es que pese al incremento de las denuncias por violencia de género, las órdenes de protección adoptadas descienden un 59%. Así, de cada 10 requerimientos sólo 4 terminan con una orden de protección.

Además, de cada 100 denuncias registradas en el partido judicial de Palma, sólo 13 personas son juzgadas. Esta tasa es similar a la española (16%), pero inferior a la balear (21%). Ferrer y Calvo puntualizaron que los procesos judiciales no dependen del Consistorio, pero aseguraron «nunca se deja de dar una orden de protección que sea necesaria».