El Govern elaborará un inventario de los inmuebles que tienen alquilados las empresas públicas de la Comunitat. Esta revisión de los locales arrendados se produce después del escándalo detectado en Turisme Jove con el autoalquiler de un inmueble de su propiedad por parte de Juan Francisco Gosálbez, considerado el cerebro de la trama de corrupción en el consorcio dependiente de la Conselleria de Presidència.
La directora general de Patrimonio, María Costa, elaborará en los próximos meses un inventario de todos aquellos locales arrendados por las empresas públicas la pasada legislatura y que se escapaban del control del Govern. Costa sospecha que todavía hay algunos locales que están arrendados a precios por encima del valor de mercado, algo que va en contra de la Ley de Patrimonio y la Ley de Contratos.
Estudios de mercado
Estas normativas establecen que cuando las administraciones negocian el alquiler de algún local deben realizarse estudios para confirmar si el precio que reclama el propietario del inmueble se adapta al valor de mercado. «Creemos que algunos locales que se alquilaron la pasada legislatura tienen rentas muy superiores al valor por metro cuadrado de la misma zona», señaló María Costa.
La Direcció General de Patrimoni, dependiente de la Conselleria d'Economia, no ha tenido acceso hasta ahora a los expedientes de contratos de alquiler de locales por parte de las empresas públicas. Estos organismos se han escapado al control de Intervención de la Comunitat Autónoma. El Govern está investigando en estos momentos qué precio se está pagando por el alquiler de las oficinas denominadas SIAC. No se descarta que pueda también haber sobreprecios en la renta que se paga a los propietarios.
Los últimos escándalos han demostrado que en muchas ocasiones las empresas públicas no tenían ningún tipo de control. Con unos mecanismos mucho más rigurosos hubiese sido imposible que un trabajador del Consorci Turisme Jove como es el caso de Juan Francisco Gosálbez pudiese autoalquilarse un local. Además de esta irregularidad, la Admnistración autonómica hubiese impedido el alquiler de un local en la Bonanova cuando lo lógico hubiese sido buscar un inmueble en zonas mucho más céntricas.
Al margen del escándalo del Consorci Turisme Jove, la falta de control en las empresas públicas permitió, por ejemplo, que el ex gerente de Bitel, Damià Vidal, pudiese utilizar una tarjeta Visa para su uso privado en la pasada legislatura.
Paradójicamente, ningún miembro del anterior Govern, ni siquiera Matas, tuvo nunca posibilidad de usar tarjeta de crédito, que fueron prohibidas en la etapa Cañellas.
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