Tan sólo siete de los más de 1.500 altos cargos afectados por la Oficina de Transparencia y Control del Patrimonio de cargos Públicos de Balears han presentado la declaración patrimonial que les exige la ley. La obligatoriedad de que todos los cargos públicos de Balears presenten esta declaración fue incluida en la ley de acompañamiento a través de una enmienda del PP.
Según esta ley, todos los cargos públicos de las Islas tienen la obligación de formular una declaración patrimonial en la que consten todos sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. También señala que los cónyuges, parejas estables o personas con las que convivan estos cargos públicos podrán realizar una declaración similar de forma voluntaria.
Según la ley, se entiende por cargo público todos aquellos que ocupen puestos de responsabilidad en el Parlament, Govern, consells insulars, administración de la Comunitat, entes locales y la Universitat, además de todos los organismos que dependan de ellos. En resumen: más de 1.500 cargos afectados por esta obligación.
Sin embargo, tres meses después de la obligación establecida por la ley, tan sólo siete diputados han presentado la declaración exigida y todos ellos lo han hecho en los últimos días. Se trata de Joan Huguet, Simó Gornés, Carme Feliu, Santiago Tadeo, Anna López Oleo, Andreu Prohens y Gaspar Oliver. Todos ellos, del PP.
Ni el president Jaume Matas ni ninguno de sus consellers ha presentado todavía la declaración. Tampoco lo han hecho los presidents de consells ni los alcaldes de los principales municipios de las Islas. Cuando se presentó esta propuesta, Matas dijo que sería el primero en entregar su declaración.
Estas siete únicas declaraciones están en manos de la Mesa del Parlament, encargada de guardar los datos hasta que se elija al director de la Oficina de Transparencia.
La ley aprobada por el Parlament establece que la declaración patrimonial debe incluir los bienes, derechos y obligaciones, así como los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias, el objeto social de las empresas de todo tipo en las que tengan intereses, tanto el alto cargo como su pareja o cónyuge.
Además de esta declaración, los cargos públicos deberán aportar una copia de la declaración de la renta y del impuesto sobre patrimonio, en caso de que tengan que hacerlo. También podrán hacerlo de forma voluntaria el cónyuge o pareja estable. Las declaraciones se depositarán en el registro como información complementaria. La posibilidad de acceder a ellas se regirá por normas específicas.
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