Que Balears arrastra un problema en la financiación de la
sanidad pública es una verdad de perogrullo, pero parece que se
están dando los pasos encaminados a resolver este conflicto que
enfrenta a las administraciones central y autonómica. Lo que le ha
ocurrido a este Archipiélago es que la llegada masiva de
inmigrantes ha disparado la población residente, lo que ha venido a
agravar la presión sobre un sistema sanitario que ya soportaba un
nivel de población flotante -este verano se esperan nada menos que
doce millones de turistas en las Islas- elevadísimo.
Al problema poblacional hay que añadir el envejecimiento de gran
parte de las infraestructuras sanitarias, que reclaman -el caso más
notable es el del hospital de Son Dureta- inversiones y
modernización desde hace años.
Sin embargo, el traspaso de las competencias en materia
sanitaria, cruciales para diseñar una política autonómica al
respecto, se realizaron quizá de forma algo precipitada, sin tener
en cuenta el rumbo que Balears podía tomar de cara al futuro. De
ahí que ahora el Govern exija una adecuación de la financiación a
la realidad actual de la Comunitat Autònoma, encontrándose, claro,
con las dificultades que siempre entrañan las relaciones entre
gobiernos de distinto signo político.
En septiembre, con la celebración de la Conferencia de
Presidentes Autonómicos convocada por Zapatero tenemos una
excelente oportunidad para dar un paso adelante en la negociación,
que no debe retrasarse más. Con grandes dosis de talante y firmeza
en las reclamaciones -porque son del todo justas-, el Govern puede
conseguir mejorar la dotación económica de la sanidad balear, que
está en condición de inferioridad con respecto a otras
autonomías.
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