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Tradicionalmente, el anuncio de una bajada de los impuestos ha sido uno de los ganchos preferidos por los gobernantes a la hora de encandilar a la ciudadanía con el objetivo de ganar votos. Hoy en día no lo es menos y a un año y medio vista de las elecciones generales, el PP ha cogido con firmeza ese enunciado para ir acotando terreno electoral.

Pese a lo atractiva que a todos nos resulta la idea de pagar menos impuestos, sabemos "y debemos ser muy conscientes de ello" que lo público se sostiene a través de los impuestos. Nada más y nada menos, lo que significa que un recorte impositivo supone una merma del servicio público, bien sea en sanidad, en educación, en carreteras, en asistencia social, en seguridad ciudadana... en lo que sea, salvo que esta reducción de impuestos, y ese plausible ahorro para el contribuyente, no tenga repercusión alguna en esos servicios esenciales.

A la ya conocida supresión del Impuesto de Actividades Económicas para la mayoría de los pequeños empresarios y autónomos, se suma la intención de eliminar el impuesto de sucesión de padres a hijos. Son dos excelentes noticias para el bolsillo de los ciudadanos, pero pésimas para las arcas públicas si no se logran financiaciones complementarias. Y más aún si tenemos en cuenta que el primero de estos tributos lo gestionan los ayuntamientos, con lo que el Gobierno central no pierde nada al eliminarlo, y el segundo está transferido a las comunidades autónomas desde hace años, de forma que en Madrid siguen sin perder nada.

Bien venida sea cualquier bajada de impuestos, pero sin que ello signifique una pérdida de calidad en los servicios que reciben los ciudadanos. Las instituciones locales no deben ser la cenicienta pobre de la Administración, pero también hay que exigir un riguroso control del gasto público, evitando cualquier derroche.