Entre el 61% y el 80% del profesorado de los colegios e institutos
públicos de Balears secundó ayer la huelga convocada a nivel
estatal por los sindicatos contra el proyecto de Ley de Calidad
Educativa, según las versiones de la Conselleria d'Educació y la
Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic respectivamente.
Además, alrededor de 2.000 personas participaron en la
manifestación de protesta contra la citada norma.
Según la Conselleria, el seguimiento del paro contra la norma
fue secundado por un 61% de los docentes. Por islas, el mayor
porcentaje se dio en Menorca, con un 63%; seguida de
Eivissa-Formentera, con un 62%, y de Mallorca, con un 57%, de
acuerdo con los datos aportados por el departamento que dirige
Damià Pons. La Plataforma elevó el porcentaje de participación casi
al 80%, si bien el secretario de Organización del STEI, Gabriel
Caldentey, reconoció que el seguimiento fue mucho mayor entre los
maestros, llegando al 85-90%, que entre los profesores de
Secundaria, donde el porcentaje fue del 60-65%.
En cuanto a los alumnos, el paro afectó a cerca de 55.000
estudiantes en Balears, según la Plataforma. En un ambiente festivo
-al compás de la música de flabiols y xeremiesy sin incidentes
destacables, docentes, estudiantes, algunos padres de alumnos y
representantes de los sindicatos y colectivos integrantes de la
Plataforma -STEI, FETE-UGT, FE-CCOO, Sindicat d'Estudiants, CEPC,
Escola d'Estiu, FAPA-, así como de los partidos PSOE, PSM y EU,
partieron pasadas las 12.00 horas de la plaza del tubo, para
recorrer el Passeig de Mallorca, Jaume III y es Born hasta
finalizar frente a Delegación del Gobierno. La protesta contó con
docentes y estudiantes de la Part Forana llegados en autocares.
Una vez frente a la Delegación, la portavoz de la FAPA, Catalina
Esteva, procedió a la lectura de una carta que, posteriormente, se
entregó a la delegada del Gobierno, Catalina Cirer. En ella, los
convocantes exigen que el proyecto de Ley Orgánica de Calidad
Educativa «sea retirado o modificado, porque es segregador,
insolidario y penalizador de la enseñanza pública». Entre los
puntos de denuncia, el manifiesto apuntó que la ley «recorta la
participación de la comunidad educativa en los órganos de gobierno
de los centros (...) y supone un retroceso y un ataque al sistema
educativo basado en la igualdad de acceso a la educación».
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