El «caso Bitel» vuelve a Mallorca después de que el Tribunal
Supremo haya estimado que no hay indicios de delito como para
imputar al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en la
investigación del presunto espionaje político. Será la Justicia
balear la que dilucide finalmente este controvertido asunto y
decida si abre juicio oral contra los otros imputados o archiva el
caso. Queda, probablemente, un largo camino procesal que pasará por
la Audiencia Provincial y por el Juzgado de Instrucción número 9 de
Palma, que archivó en su día el caso, pero cuya decisión fue
revocada por la Audiencia.
El desenlace está en el aire, pero ha perdido mucho calado
político una vez que Matas queda al margen. A partir de aquí se
pueden hacer distintas conjeturas, pero parece muy difícil que una
vez Matas deje de ser ministro se le pueda imputar, salvo que se
produzcan revelaciones que den un giro total a la investigación. El
único peligro para el PP es que, como sucedió en el «caso Calvià»,
pueda abrirse un «caso Bitel 2».
Hoy por hoy, lo único irrefutable es el auto del Supremo, en el
que se afirma que «no se ha podido acreditar, siquiera
indiciariamente, la realidad del hecho delictivo». Los magistrados
se decantan claramente por la hipótesis del error humano en el
redireccionamiento del correo electrónico. Ciertamente, y aunque se
pueda acusar a Matas de aprovecharse de unos mensajes llegados por
error, no se ha probado que ordenara el espionaje.
Como era previsible, se han producido las habituales acusaciones
y contraacusaciones por parte del PP y el Pacte, conscientes todos
ellos de que todavía falta la resolución del Tribunal Supremo sobre
el «caso Formentera». Cuando se sepa la segunda decisión del Alto
Tribunal, el panorama político puede quedar mucho más claro. De
momento, la historia no ha terminado.
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