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NEKANE DOMBLÀS/EFE El conseller d'Hisenda del Govern, Joan Mesquida, aseguró ayer que el Ejecutivo no está de acuerdo con la posibilidad de que el nuevo modelo de financiación fije límites de ingresos a aquellas comunidades que hayan aumentado población, como es el caso de Balears. El conseller se mostró satisfecho porque el sistema recoge alguna de las reivindicaciones de la Comunitat. Señaló, por ejemplo, que para el cómputo de la población se tomará como referencia el año 1999, con lo cual Balears pasará a tener 100.000 habitantes más a efectos financieros. Además, a la hora de tener en cuenta los ingresos de las comunidades, la población pasará a tener el 94 por ciento del peso total, frente al 63 por ciento actual, lo cual también beneficia a la Islas.

A pesar de que el conseller no quiso adelantar cifras para no perjudicar la negociación, reconoció que estas dos premisas supondrían un incremento financiero «espectacular». Sin embargo, este incremento no llegará a darse dado que el Gobierno incorpora al sistema una regla de modulación, es decir, una limitación de ingresos para aquellas comunidades que más han crecido en población, como es el caso de Balears. Con esta propuesta no está de acuerdo el Govern, a pesar de que la financiación de la Comunitat mejorará en unos 5.000 millones de pesetas más al año.

Entre las cuestiones recogidas en el modelo con las que discrepa el conseller se encuentra la inclusión del traspaso de competencias de sanidad en el modelo, ya que el Govern prefiere que la negociación se haga por separado. Mesquida tampoco está de acuerdo con la bolsa de 300.000 millones de pesetas que el Gobierno está dispuesto a aportar ya que la considera insuficiente, si bien admitió que el Gobierno está dispuesto a mejorar su oferta.

Mesquida también puso prevenciones a la llamada cesta de impuestos ya que el Ejecutivo de José María Aznar no ha explicado ni el porcentaje de cesión ni la territorialización de los ingresos. Los impuestos que el Gobierno cederá son parte del IVA y de los de matriculación, alcohol, electricidad, carburantes y tabaco. Por su parte, el presidente del Govern balear, Francesc Antich, afirmó ayer en Madrid que las comunidades autónomas «lo primero que tienen que hacer es defender los intereses de sus territorios» y corresponde a «cada presidente autonómico analizar sus circunstancias» de cara a aceptar o no el nuevo modelo de financiación.