El presidente de la EMT, Pedro Àlvarez, explicó ayer que la
Conselleria de Sanitat i Consum del Govern ha presentado una
propuesta de sanción de 31.500.000 pesetas al Consistorio por la
autoría de «seis infracciones administrativas en materia de consumo
y defensa del consumidor» en la puesta en marcha de la tarjeta
ciudadana. Alvarez consideró «injusta» esta propuesta, por cuanto
las infracciones ya han sido subsanadas, y anunció que se
presentarán alegaciones.
La Conselleria propone una sanción de 3'5 millones por la
obligatoriedad de hacer firmar al usuario un contrato bancario, 3'5
millones por las comisiones bancarias y otros 3'5 por la carga, 7
millones por la vulneración del derecho a la información, otros 7
millones por publicidad engañosa y 7 más por la inclusión de
funciones financieras en la tarjeta sin contar con la voluntad del
usuario.
El presidente de la empresa recordó que «mientras al principio
se nos amenazó con imponernos multas de hasta 100 millones por cada
infracción, e incluso con paralizar el proyecto, ahora resulta que
la multa más elevada es de siete millones y se reconoce la adopción
de medidas dirigidas a la subsanación de las faltas».
En este mismo sentido, Àlvarez anunció también que la Agencia de
Protección de Datos ha acordado archivar las actuaciones
emprendidas por Sanitat en este tema, dando así la razón a Cort en
el sentido de que los ficheros y datos que se emplean son conformes
a derecho.
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