El expediente del Govern a GESA por el apagón del pasado 15 de
junio, y sucesivos, concluye que la empresa actuó con negligencia y
fue responsable absoluta de los fallos que provocaron la falta de
fluido. El instructor del expediente considera que GESA cometió
faltas «muy graves». En el expediente se comunica a la empresa que
las sanciones pueden llegar a los 50 millones de pesetas y se da un
plazo a GESA para que presente alegaciones. Según las fuentes
consultadas, la empresa no ha recibido todavía la comunicación
oficial del expediente pero sí tiene conocimiento extraoficial de
las conclusiones.
El expediente está ya prácticamente cerrado a la espera de las
conclusiones definitivas. Los departamentos de Energia e Indústria
del Govern, que dependen de Misericòrdia Ramon y de Pere Sampol,
respectivamente, coinciden en que las faltas son muy graves y tan
sólo existen discrepancias de matices con respecto a los artículos
de la normativa sobre el sector eléctrico que deben aplicarse. En
el expediente se descarta de plano la versión ofrecida por la
empresa desde que se produjo el apagón. GESA ha defendido en todo
momento que el apagón se debió a un fallo mecánico, fortuito y que
resultaba absolutamente imprevisible.
El expediente del Govern, por el contrario, asegura que la
empresa fue responsable directa del apagón debido a diversas
negligencias en el mantenimiento de las instalaciones y en la falta
de previsión ante una situación límite de estas características. El
expediente concluye que GESA no actuó además correctamente una vez
que se produjo el fallo inicial.
El expediente contiene dos aspectos claves que pueden tener
graves consecuencias económicas para la empresa. Por un lado, se le
notifica que puede ser sancionada con multas de hasta 50 millones
de pesetas. Pero además, el hecho de que el apagón fuera
responsabilidad de la empresa puede derivar en el pago de
indemnizaciones a los particulares afectados. Al existir
negligencia por parte de la empresa de gas y electricidad, los
empresarios y los ciudadanos afectados por el apagón podrán exigir
indemnizaciones por daños y perjuicios. En este caso, las empresas
y los particulares afectados deberán certificar la cuantía de estos
daños para reivindicar después el pago económico de estas
reclamaciones.
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