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Las asociaciones de consumidores La Defensa, Unae y Nuredduna, los sindicatos UGT, STEI y CC OO, los partidos EU y Els Verds, el GOB y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma reclamaron ayer de forma unánime a la EMT que mantenga el bonobús. Todos sus representantes dejaron claro que se trata de «una reivindicación en positivo», lo cual significa que «no estamos en contra de la tarjeta ciudadana, sino a favor del bonobús», aseguró la portavoz de EU-Verds en Cort, Margalida Thomàs. Como se recordará, el bonobús de cartón dejará de venderse el 31 de mayo y desaparecerá definitivamente el 30 de junio.

Anunciaron que esperarán hasta la celebración del próximo pleno municipal, el día 25, para plantear este mismo debate a raíz de una propuesta socialista y, dependiendo del resultado, llevarán a cabo algún tipo de protesta.

De modo especial, Thomás criticó «la discriminación que este nuevo producto supone para con los ciudadanos de otros municipios, los inmigrantes y los extranjeros», algo que, dijo, nos distingue «para mal» de cualquier otra ciudad española. Entre los inconvenientes que la tarjeta presenta, apuntaron las dificultades para su obtención y carga, la lentitud a la hora de pagar en el autobús, su individualidad que la hace intransferible o el hecho de que las entidades benéficas ya no podrán utilizar el recurso del bonobús para ayudar a una familia con dificultades económicas. No obstante, reconocieron que, como ventajas, permite transbordos gratuitos, es multifuncional y rebaja algunas tarifas.

La presidenta de Unae, Pilar Iglesias, criticó que «con la tarjeta se crean ciudadanos de primera, los de Palma, y de segunda, que son el resto» y que «va en contra de la economía familiar». Otra denuncia unánime se refiere a la excesiva altura a la que están colocadas las máquinas en los autobuses.

La FAAVV ha recibido numerosas quejas ciudadanas por la tarjeta, «pero en especial por el hecho de que sea una imposición», dijo su presidenta, Rosa Bueno. Desde CC OO y el GOB se insistió en que esta medida no favorecerá el uso del transporte público.