El servicio de Infracciones Urbanísticas del Ajuntament de Palma
tramitó el año pasado un total de 7.525 expedientes por
infracciones, 528 más que en el año 1998, que suman multas por
valor de 47.419.025 pesetas. Del total de expedientes tramitados,
sólo 639 fueron incoados o iniciados a lo largo de ese año, pues el
resto se arrastran de ejercicios anteriores.
En estos momentos tan sólo se han cobrado 59 de esos
expedientes, que en su caso alcanzan un valor de 3.490.000 pesetas.
De ellos, 24 se cobraron en plazo de pago voluntario de la multa,
lo que representó un ingreso de 1.998.182 pesetas, y otros 35
pagaron en tiempo de recaudación ejecutiva, representando el cobro
de 1.491.837 pesetas. El resto de expedientes abiertos se
encuentran en tramitación.
El incremento del número de expedientes incoados hay que
interpretarlo de forma relativa: no debe entenderse que los
ciudadanos de Palma cometen más infracciones en materia de
urbanismo. La razón última por la que se han detectado más casos de
indisciplina urbanística es que los servicios de urbanismo del
Consistorio palmesano han puesto más medios para tratar de combatir
el urbanismo ilegal, es decir, que hay más vigilancia, según
reconoció el concejal de Urbanismo, Rafel Vidal. Las inspecciones
se acometen tanto por iniciativa del propio Gobierno municipal,
como inducidas por las denuncias o reclamaciones de los propios
vecinos, que avisan de que se están realizando obras y reclaman la
presencia de un inspector o celador ante la posibilidad de que los
trabajos sean ilegales.
No obstante, una inspección sobre el terreno no tiene por qué
implicar la apertura de un expediente sancionador y mucho menos la
imposición de una multa.
En el año de referencia aumentaron los expedientes urbanísticos
en un 7'5 por ciento y, contrariamente a épocas pasadas, también se
incrementó, y mucho, el volumen económico de las sanciones
impuestas por el Ajuntament, pues, como ejemplo, en el año 1998 se
incoaron 598 expedientes y se tramitaron 6.997, pero estos tan sólo
sumaban 5'2 millones de sanción.
Analizando los diferentes expedientes abiertos por indisciplina
urbanística se constata que en 1999 se impusieron 216 decretos de
suspensión de obras, 111 expedientes fueron archivados, se
estimaron 38 recursos y, por contra, se desestimaron 107. Se
firmaron siete órdenes de demolición de obras y otras siete
segundas órdenes de derribo. Se desestimaron diez alegaciones
contra órdenes de derribo y se acordó el inicio de 80 expedientes
de sanción, todos ellos por sanción grave.
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