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El primer día para la regularización de la situación de los extranjeros que viven en España transcurrió con normalidad, pero con la preocupación de los inmigrantes ante una posible vuelta atrás en la legislación aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas antes de las pasadas elecciones legislativas del 12 de marzo. De hecho, el PP anunció que modificaría la ley y, ahora, con una mayoría absoluta en el Parlamento, está en condiciones de hacerlo sin depender de otros grupos para superar la votación. De hecho, la actual normativa es enormemente útil en la cobertura social de unas personas que hasta ahora vivían en las condiciones más precarias y sin unos derechos básicos como el acceso a la sanidad pública, por poner sólo un ejemplo.

Para evitar confusiones, es preciso dejar muy claro que la actual Ley de Extranjería no supone una apertura de fronteras sin condiciones, lo cual abocaría a una inmigración difícilmente asumible por nuestro país. Se trata tan sólo de regular la situación de unas personas que ya viven y trabajan en España. Precisamente la falta de una normativa que permitiera esto, el acceso a unos papeles de residencia, ha favorecido el abuso y la explotación de muchos de ellos, situaciones a las que era absolutamente preciso poner coto.

No sería bueno, por tanto, que el nuevo Gobierno del PP diera marcha atrás y restringiera a estas personas las posibilidades de vivir con normalidad y sin el peso constante sobre sus cabezas de una más que posible expulsión. La emigración ha sido también un fenómeno en nuestro país (Alemania o Francia han sido destino de muchos españoles en épocas pasadas), y eso tampoco debe olvidarse a la hora de valorar a los inmigrantes y ser solidarios con ellos.