La Conselleria d'Obres Públiques del Govern tiene ya prácticamente
listas las moratorias que impedirán, de momento, la construcción de
nuevos campos de golf y puertos deportivos. En un principio, cabía
la posibilidad de que el Consell de Govern aprobara en su reunión
de ayer estas medidas cautelares. Sin embargo, finalmente este
asunto no llegó a quedar aprobado pero se da por hecho que las
moratorias pueden estar aprobadas la semana que viene.
En el Govern reconocen que estas dos propuestas no son tan
urgentes como las actuaciones previstas en suelo urbano y en los
urbanizables con plan parcial aprobado. Sin embargo, el acuerdo
programático que firmaron los partidos del Pacte de Progrés recoge
tanto la aprobación de una moratoria para nuevos puertos deportivos
como la elaboración de un plan sectorial de campos de golf que
permita estas instalaciones sin oferta complementaria y en las
zonas turísticas consolidadas.
Por lo que respecta a las medidas que el Govern estudia para
tratar de frenar el crecimiento urbanístico en suelo urbano,
diversas fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo trabaja
sobre la posibilidad de decretar una suspensión de licencias, tanto
en suelo urbano como en urbanizable con plan parcial aprobado,
hasta que se redacte el Plan Territorial Parcial de cada una de las
Islas.
La suspensión de licencias podría hacerse «a la carta», en
función de las necesidades de los distintos municipios. En el
Govern son conscientes de que los problemas que existen en Calvià,
Llucmajor o Marratxí no son equiparables a los que presentan otros
municipios del interior, donde las necesidades de suelo y el avance
de la construcción son sensiblemente diferentes.
El CIM pide que no se le deje al margen
La Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca (CIUM) acordó ayer por
unanimidad de todos los partidos remitir un escrito al Ejecutivo
balear exigiendo que consensúe con el Consell las medidas
cautelares para frenar el crecimiento urbanístico en la Isla. La
Comissió d'Urbanisme recordará al Govern que existe el compromiso
de transferir las competencias en materia de ordenación del
territorio a partir del 1 de abril y que, por lo tanto, debe estar
informada de las medidas que se tomen para contener el exceso de
construcción en suelo urbano. «No tiene sentido que tome decisiones
por su cuenta cuando posteriormente tienen que ser tramitadas por
la Comissió d'Urbanisme», indicó Rafael de Lacy, presidente de
estas comisión del organismo insular. Miembros de la Comissió
d'Urbanisme, incluso, plantearon que hubiera un posicionamiento
institucional del pleno del Consell sobre esta cuestión. «No hay
ningún tipo de enfrentamiento», subrayó De Lacy, «pero nos hemos
enterado por los medios de comunicación de que el Govern prepara
una serie de medidas cautelares».
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