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La Asociación Empresarial de Bares y Restaurantes de sa Llonja declaró ayer que el problema de ruidos de sa Llonja «es una cuestión de educación y de orden público» que requiere, para su solución «una mayor atención policial, no como ahora, que los agentes eluden estar aquí».

El presidente en funciones de esta asociación, Valeriano Herrero, declaró que los empresarios «estamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero sólo desde la lógica, porque, vamos a ver, qué culpa tenemos los bares de la gente que grita en la calle y molesta a los vecinos», preguntó. «También damos soluciones, como colocar limitadores inteligentes y el bar que no cumpla que se le cierre, pero a los demás que nos dejen trabajar», añadió.

Pero en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, Herrero anunció que el Ajuntament «tiene fácil que nos vayamos de la zona, o hace un estudio del perjuicio que la medida no ocasiona y nos indemniza o nos ofrece otra zona a la que trasladar nuestros negocios, como el Moll Vell del que ya se habló».

Los empresarios realizaron un estudio en el año 1997 en el que cifraban en 1.263.900.000 pesetas la cantidad global estimada por cese de actividad de los 33 negocios englobados en la Zona Acústicamente Contaminada. Actualizada, esta cantidad, orientativa, rondaría los 1.300 millones.