El auto de 14 de diciembre de 1998 dictado por la sección tercera
de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación
interpuesto por el Ajuntament de Palma contra el auto de 3 de junio
de 1998 por el que se acuerda designar al Consistorio palmesano
tutor de un ciudadano.
En consecuencia, Cort deberá ejercer, por primera vez, la tutela
de una persona a la que por sentencia de 28 de diciembre de 1998 se
le ha declarado «la incapacitación total, tanto para regir su
persona como para administrar sus bienes».
Este se convierte en el primer caso de tutela del Ajuntament y,
además, ordenada por un auto judicial, pero puede no ser el único,
pues existen cerca de 200 expedientes pendientes de resolución.
El auto de la Audiencia rechaza los argumentos esgrimidos por el
letrado municipal en el recurso de apelación presentado contra el
primer auto.
En primer lugar, desde Cort se alegó carecer de medios
suficientes para el adecuado desempeño de la tutela, a lo que el
auto rebate duramente que «es cierto que los recursos de la
Corporación apelante no son ilimitados, pero la problemática que
aquí se plantea es de reparto de recursos, y no resulta de recibo
que en dicho reparto un Estado Social y de Derecho no pueda asignar
partidas presupuestarias suficientes para atender a las tutelas de
los menores e incapacitados que tenga que asumir».
En segundo lugar, el Ajuntament denunció «la existencia de
graves defectos procesales durante la sustanciación de los autos»
que, a su juicio, «determina la nulidad de todo lo actuado», pero
el tribunal contesta que no comparte la apreciación.
Crear una Fundación Tutelar de Balears
M.G.
La regidora de Acción Social en Cort, Carmen Sagrado, comunicó el
pasado lunes al alcalde la desestimación del recurso de apelación
que obliga al Consistorio a ejercer la tutela de un incapaz y ya le
presentó el borrador de lo que podría ser la futura Fundación
Tutelar de Balears.
La regidora justificaba ayer la apelación de los autos en
materia de tutela en que «estas deberían ser compartidas con las
demás instituciones, pues me parece un poco fuerte que las carguen
todas al municipio».
Sagrado teme ahora una avalancha de peticiones de tutelas «y a
la vista de este auto, que sienta jurisprudencia, es fácil adivinar
que todos los demás casos que se presenten recaerán también en el
Ajuntament de Palma si el incapaz reside aquí, o sobre otro
municipio si vive fuera».
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