Miles de personas volvieron ayer a la calles de Sao Paulo, Río de Janeiro y numerosos localidades más de Brasil para protestar ya no solo por el alza del valor del transporte, sino contra la elevada corrupción, la mala gestión y para reclamar mejores servicios públicos.
Los 'indignados' ocuparon la céntrica Praça da Sé, frente a la catedral de Sao Paulo, y algunas de las vías adyacentes, después de que la marcha que movilizó el lunes a unas 65.000 personas en la ciudad.
Los integrantes de la protesta, que fue pacífica, abuchearon a personas que llevaban banderas de partidos, en un intento de mantener la movilización sin una adscripción política.
Se trata de la sexta manifestación realizada en Sao Paulo desde que a principios de mes el Ayuntamiento subió el precio del transporte público de 3 reales (unos 1,5 dólares) a 3,2 reales (unos 1,6 dólares), lo que inició el movimiento.
Policía militar
Mientras, en São Gonçalo, una ciudad de un millón de habitantes en la región metropolitana de Río de Janeiro, los manifestantes avanzaron por una céntrica avenida hasta el ayuntamiento, protegido por la guardia municipal y miembros de la policía militar. Se trató de una protesta también pacífica que reclamaba mejoras en los servicios públicos.
El lunes las protestas reunieron a cerca de 250.000 personas en una veintena de municipios, la mayor movilización desde que en 1992 una multitud pidió la destitución por un escándalo de corrupción del entonces presidente, Fernando Collor de Mello, que acabó dimitiendo. Las autoridades de por lo menos seis ciudades brasileñas anunciaron la reducción de las tarifas de transporte público.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que «la voz de la calle tiene que ser escuchada» y que las multitudes que han salido a protestar en demandas de mejores servicios han «enviado un mensaje directo a los gobernantes».
Al margen de episodios violentos aislados durante las manifestaciones, que ocuparon decenas de ciudades y en las que se calcula que participaron unas 250.000 personas, Rousseff reconoció que las protestas «demuestran el valor de la democracia» y revelan que «los ciudadanos están a la búsqueda de sus derechos».
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