El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) acoge este viernes un pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el alcalde, Felipe Cayuela, presentada PSOE, Cs y un concejal no adscrito, y que supondría, de salir adelante, la elección como nuevo regidor Salvador Hernández.
Tras la sesión, convocada a las 12,00 horas, Hernández, único concejal de Cs, estaría al frente del gobierno municipal carbonero durante la primera mitad de lo que queda de mandato, tras lo que le sucedería en el cargo el actual portavoz del PSOE y alcalde hasta mayo de 2023, José Luis Amérigo.
Cayuela, quien ha estado gobernando en los últimos meses en minoría, fue investido regidor tras el empate en las urnas a seis ediles entre PP y PSOE gracias a una coalición de gobierno con Hernández, quien asumió, entre otras, competencias en Urbanismo, si bien poco después el propio Cayuela rompía el pacto coincidiendo con la salida del grupo municipal del PSOE del ahora edil no adscrito, Andrés Belmonte.
La moción señala que los vecinos carboneros están «sufriendo» la «incompetente gestión» del gobierno en minoría del PP y reprocha a Cayuela su «nepotismo, generando beneficio solo a sus familiares, socios y amigos».
Refiere una «pésima» situación «económica y financiera» que está «llevando a la quiebra técnica y económica» al Ayuntamiento que, según resalta, «no ha aprobado cuentas anuales y presupuestos» para 2024.
PSOE, Cs y concejal no adscrito aluden en el escrito a «contrataciones irregulares de obras y servicios» y acusan al alcalde del PP desde su toma de posesión de «destruir» las «políticas sociales progresistas» y de llevar a cabo sus actuaciones «para satisfacer los intereses económicos de familiares y amigos».
«En estos meses de gobierno del PP es alarmante el deterioro de la convivencia social y el retroceso en todos los servicios conseguidos», traslada para concluir que «es conocido que la gran mayoría de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento carbonero se sienten acosados y abandonados».
Salvador Hernández ya fue alcalde de Carboneras en dos ocasiones bajo las siglas del Grupo Independiente de Carboneras (Gicar) en el que Felipe Cayuela, ahora en el PP, fue lugarteniente.
El algarrobico, en el aire
El ascenso de Cayuela a la Alcaldía tras las últimas elecciones locales supuso un giro de 180 grados en la línea procesal que había mantenido hasta ese momento el Ayuntamiento carbonero en los pleitos para ejecutar las sentencias respecto a El Algarrobico que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los planteamientos del gobierno municipal entraron en sintonía con los propugnados por el Gobierno andaluz, que sostiene que el paraje es «no urbanizable de especial protección» desde 1994 y se comunicó desde el consistorio al alto tribunal que iniciaría «de la forma más inmediata posible» el procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel, de 2003 y ordenada por el Tribunal Supremo (TS).
Cabe recordar que, en noviembre de 2023, se llevó a cabo un pleno ordinario en el que no pudo salir adelante una corrección al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras.
La modificación de la desclasificación como urbanizable que se hizo del Algarrobico bajo mandato del PSOE no salió adelante debido al gobierno en minoría del PP.
No obstante, días después de presentarse la moción de censura, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la Junta de Andalucía y ha anuló el acuerdo al considerar que, tal y como se hizo, «quebranta» de forma «significativa y sustancial» el sentido de la sentencia a la que debía dar cumplimiento.
La sala indicaba en un auto que la corporación carbonera, que adoptó el acuerdo bajo mandato socialista en abril de 2023, debía limitarse a «hacer figurar» en el planeamiento urbanístico cuál es la zonificación y el nivel de protección que tienen los terrenos que comprenden el sector ST-1 o Algarrobico y remarca que esta es «igual que la que ya tenían en la normativa ambiental de 1994» y la «vigente» en el PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El tribunal concluyó que el Ayuntamiento de Carboneras se «extralimitó» y fue más allá al asegurar que lo hizo con la «intención de eludir el cumplimiento de la sentencia», firme desde 2018 y por cuya falta de ejecución ha estado apercibido de multa coercitiva de 700 euros cada 20 días el socialista José Luis Amérigo.
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