En concreto, los de Pedro Sánchez aseguran que la reforma del sistema de financiación autonómica se afrontó desde el principio de la legislatura, pero alegan que «excepcionales circunstancias lo han impedido».
No obstante, prometen aprobarlo en el plazo máximo de un año para garantizar los recursos necesarios para que haya servicios públicos de calidad, como la sanidad, la educación o la dependencia, pero también la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura.
El modelo, dicen, estará basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.
En este marco prevén abrir el debate para que el nuevo modelo impulse que la inversión del conjunto de las administraciones sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.
Evitar que las ccaa renuncien a impuestos propios y reclamen al sistema
El nuevo modelo, además de incluir las variables de población, superficie, población protegida o insularidad, también propiciará la corresponsabilidad fiscal para que las comunidades autónomas no renuncien a impuestos propios y a la vez reclamen más recursos al sistema.
En paralelo contemplan reformar la financiación local con un nuevo marco adaptado a su realidad y a la proximidad en la prestación de servicios.
Ley de cohesión territorial
Por otro lado, para la próxima legislatura, el PSOE se propone reforzar la «cogobernanza» y mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Para ello, plantea aprobar una ley de cohesión territorial y fomento de la colaboración. El objetivo, aseguran, es poner en práctica las «lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas».
Esta ley, precisan, incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido.
A esta medida se sumará la ya iniciada esta legislatura de desconcentrar sedes de entidades públicas estatales y autonómicas.
Además, se proponen reconocer a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022 y crearán una estructura que coordine la celebración de las Conferencias Sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia.
Junto con esta medida, potenciarán las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados y establecerán un sistema de interrelación de la Conferencia de Presidentes con las Conferencias Sectoriales.
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