Archivo - Un hombre pasa por la puerta del colegio privado Virgen de Europa. | Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

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La jueza de Móstoles que investiga al profesor de Boadilla del Monte acusado de grabar a alumnas en su despacho ha prorrogado durante seis meses la instrucción con motivo del retraso en el volcado de los datos que contienen los discos duros incautados en el registro del domicilio del docente, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las diferentes huelgas en el ámbito judicial han afectado al desarrollo de la causa judicial, que arrancó hace un año tras la detención del exprofesor del colegio Virgen de Europa.

La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles investiga al docente desde el pasado mes de julio. La causa avanza despacio por la dificultad de la Guardia Civil en extraer el contenido de los dispositivos electrónicos hallados en el registro del domicilio del docente.

El primer problema con el que se topó la jueza fue la falta de medios técnicos que disponía la Comunidad de Madrid para analizar las imágenes de menores desnudas encontradas. Solventado el problema, la magistrada se ha enfrentado a las dificultades que supone tramitar diligencias con las huelgas que se han producido de Letrados de la Administración de Justicia (LAG) y de funcionarios.

Para la causa, es clave la extracción por parte de la Guardia Civil de los datos contenidos en los discos duros incautados y otros dispositivos electrónicos. El volcado se está alargando más de lo previsto, lo que ha obligado a la jueza a extender otros seis meses la investigación.

De este tema se conoce que los investigadores no han podido acceder por ahora al contenido de los discos duros que fueron taladrados, lo que limitará la acusación a los casos actuales de grabaciones a alumnas.

La lentitud de la causa es tal que solo en un año ha declarado el profesor, quien se acogió a su derecho a no declarar. El próximo 5 de julio, está previsto que comparezca el director del colegio y hermano del acusado y varios docentes.

Una mochila con una cámara 'gopro'

El caso se destapó cuando una vecina de Valdemorillo localizó una mochila en plena calle en cuyo interior había una cámara. Su sorpresa fue cuando descubrió que en su interior se almacenaban imágenes de menores que aparecían en ropa interior.

Al parecer, el investigado perdió en junio una mochila con la cámara que usaba para grabar a alumnas. En su interior, había un dispositivo de pequeñas dimensiones con una tarjeta de memoria. El docente habría recriminado un día después a dos alumnos por haberle robado la cámara.

El presunto pederasta tendría dos dispositivos de grabación, según las pesquisas. Uno que usaba en clases de audiovisuales y otra tipo 'GoPro' con la que supuestamente grababa a niñas de Sexto de Primaria mientras se cambiaban de ropa para acudir a Educación Física.

Tras descubrir el contenido de carácter pornográfico, la vecina de Valdemorillo entregó el dispositivo de almacenamiento de imágenes a la Guardia Civil. Diez días después, el investigado fue detenido y pasó a disposición judicial de la jueza de Móstoles que instruye las diligencias.

El 'modus operandi' del presunto pederasta consistía en presuntamente convencer a las alumnas de que tenían que cambiarse de ropa en su despacho para ir a clase de Educación Física. Tendría instalados presuntamente dispositivos de grabación en su despacho, según investigadores.

Tras recibir el atestado, la jueza ordenó antes de verano la entrada y registro del despacho del docente en el marco de las diligencias de investigación abiertas por la presunta comisión de un delito de tenencia de pornografía infantil.

En la entrada y registro, los investigadores incautaron el ordenador del profesor, con numerosos archivos de almacenamiento de imágenes, e intervinieron numerosos discos duros que habían sido taladrados y a cuyo contenido no ha podido acceder la Guardia Civil.

El docente fue detenido en junio de 2022 por un delito de tenencia y producción de pornografía infantil. El detenido fue puesto a disposición judicial, saliendo en libertad con medidas cautelares como la obligación de comparecer ante el juzgado y la prohibición de acercarse al centro educativo y a otros centros escolares, entre otras medidas.