La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en comisión parlamentaria. | JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024, que priorizará la «mejora de la red de servicios públicos del sistema andaluz de protección social», el «apoyo a los sectores más afectados por la sequía» y la "transformación del modelo económico basada en la digitalización y la transición a una economía descarbonizada que favorezca la creación de empleo de
calidad".

La orden, consultada por Europa Press y que entra en vigor este jueves 1 de junio, detalla que «las mayores dotaciones financieras del Presupuesto 2024 corresponderán al gasto social, en particular sanidad, educación y atención a la dependencia», de forma que el próximo ejercicio «tendrá continuidad el esfuerzo que la comunidad viene realizando en materia sanitaria, cuyo peso sobre el PIB regional se encuentra en máximos históricos, así como en educación tanto universitaria como no universitaria».

Además en 2024 «ocuparán un lugar primordial las inversiones en materia de agua» porque la Junta considera que «la situación dramática de falta de lluvias en Andalucía obliga a movilizar los recursos disponibles, prolongando el considerable esfuerzo que ya se está realizando en el ejercicio 2023» con el objetivo de «proporcionar un apoyo fundamental para atender las necesidades del sector agroalimentario de gran peso en la economía y empleo regional, pero también de capital importancia para la industria y el turismo».

Con carácter general, la Junta mantiene el compromiso de formular las cuentas de la Junta para el próximo ejercicio «bajo el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y planificación plurianual, manteniendo como ejes primordiales de la gestión la optimización de las fuentes de ingresos, la ejecución de los fondos de la UE, y la eficiencia del gasto, potenciando medidas de utilización racional de recursos públicos, como procedimientos de revisión del gasto (spending reviews) y planes de racionalización de gasto, la transparencia y la rendición de cuentas».

La Consejería de Economía y Hacienda destaca en la orden que el crecimiento acumulado de la economía andaluza
en términos de PIB «duplica el crecimiento medio del conjunto del país» en los últimos cuatro años, en los que se registra «una sustancial mejora en la reducción del desempleo, el liderazgo en número de autónomos y la creación de empresas o la convergencia con Europa en los índices de competitividad regional».

Crecimiento superior a la media española y de la zona euro

Respecto al ejercicio 2024, la Junta apunta que «las perspectivas de la economía mundial prevén un crecimiento moderado para España, acompañadas de un descenso de la inflación e impulso de la ocupación» y subraya que «las estimaciones sobre la economía andaluza de los principales centros de estudios apuntan a un mejor comportamiento que las del conjunto del país, superior al de la zona euro y del conjunto de las economías avanzadas».

En este sentido, el Gobierno andaluz "espera que el mercado del trabajo continúe la evolución positiva
registrada hasta el momento y que ha llevado a que Andalucía registre en los primeros meses de 2023 la tasa de paro más baja en un primer trimestre desde 2008 y un máximo histórico de población ocupada«, si bien advierte de que »algunos organismos alertan de que podrían producirse incrementos salariales más intensos de lo esperado como consecuencia de los riesgos de efectos de segunda ronda de las subidas de precios, incidiendo en un posible escenario de persistencia de la inflación más allá de lo previsto".

La Junta también apunta que «la debilidad del consumo de los hogares solo se espera que sea parcialmente compensada por la mejora de la confianza y el repunte en la creación de empleo» y recuerda que «la inversión en vivienda, determinante en la recaudación de algunas figuras tributarias autonómicas, habría prolongado su senda de moderación en el primer trimestre de 2023 afectada por el encarecimiento del crédito». Además percibe «muestras de recuperación» en la inversión empresarial «por la mejora de expectativas y ejecución de fondos provenientes de la UE», aunque esté condicionada «por el endurecimiento de las condiciones financieras y los niveles de incertidumbre aún elevados».

Junto a ello, la Consejería de Economía señala las ayudas europeas como «pilar de singular importancia» para
el Presupuesto de 2024, ejercicio en el que espera que «se prolongue la aceleración en la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ecuador de su período de vigencia y la implementación de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», además de "asistir al despliegue
definitivo de los Fondos Estructurales que le corresponden a la Comunidad en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027".

En su opinión, «ambas fuentes de ingresos suponen una oportunidad de primer orden para propiciar la transformación de la economía andaluza hacia un modelo en el que la sostenibilidad ambiental sea la enseña primordial y en el que la digitalización actúe como instrumento de modernización y palanca de innovación del tejido empresarial con vistas a progresar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular a reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres».

Por último, la Consejería de Economía señala que «el marco normativo del Presupuesto de 2024 en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es, en la actualidad, relativamente impreciso» porque «existe elevada certidumbre sobre la reanudación de las reglas fiscales a escala europea y se desconoce de forma concreta cuáles serán los criterios que deberán ser atendidos por los Estados Miembros».

En cualquier caso, el Gobierno andaluz garantiza que «asumirá los criterios que se establezcan en esta materia», así como que «se seguirá impulsando una modificación del actual modelo de financiación de las comunidades autónomas para que permita un reparto territorial más equitativo de los recursos».