En declaraciones a los medios en la Portada de la Feria de Sevilla, acompañada por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, Montero ha supeditado las «decisiones» a adoptar por el Ejecutivo central a los pasos que dé el Gobierno de la Junta tras el encuentro con la Unión Europea. En este sentido, y «en caso de que no haya» una retirada de la proposición, «es obvio que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, actuará y tomará las decisiones que en cada momento sean oportunas, incluidas las jurídicas».
Preguntada sobre si esas medidas jurídicas podrían suponer la «intervención» de las competencias autonómicas, Montero ha manifestado que «eso es muy difícil». La ministra de Hacienda ha calificado de «gravísimo lo que está ocurriendo» en torno a la conservación de Doñana y ha acusado a Moreno de «cerrazón» para «rectificar» y «retirar un proyecto de Ley que, desde el primer momento, hemos advertido que estaba fuera de la legislación comunitaria».
Asimismo, Montero ha recordado que la regularización de regadíos que se tramita en la Cámara autonómica «contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las indicaciones del Gobierno de España» y, por tanto, «no había ningún motivo, ninguna necesidad, de tener que plantear ninguna cuestión con la que se pusiera en riesgo ni más ni menos que la declaración de Patrimonio de la Humanidad» de Doñana por parte de la Unesco.
En declaraciones a los periodistas en Madrid el pasado viernes, Moreno insistía en defender el contenido de la proposición de Ley, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le reclamara una «rectificación» y que se volviera a la «legalidad europea». «Un Gobierno tiene que buscar soluciones a los problemas y aquí hay un problema serio», indicaba Moreno, quien remarcaba que la iniciativa que se tramita en el Parlamento y sobre la que se han dicho «muchas mentiras», deja claro que «no se puede tocar el agua del subsuelo» y plantea una «reordenación de un territorio en situación de alegalidad que tiene atrapadas en un limbo a familias y trabajadores».
Manifestaba que si el Gobierno central no está de acuerdo con el contenido de la proposición de Ley, que plantee cuál es su «alternativa» y estarán dispuesto a estudiarla. Lamentaba que el Ejecutivo nacional no haya querido «nunca» sentarse para hablar de un «problema» en esa comarca que «existe y es una realidad» y al que hay que buscar una solución. Sobre la próxima reunión con el comisario europeo, sostenía que están abiertos a recibir todas las propuestas que considere oportunas: «Si hay que darle una vuelta o ser más flexibles en algo, sin ningún problema» porque se trata de un proyecto de Ley y no de un decreto del gobierno.
Insistía en que también están dispuesto a escuchar las propuestas que quiera hacer el Gobierno central, que hasta ahora «no ha querido sentarse en la mesa de manera seria para poder hablar sobre cuál es la alternativa al plan que hemos propuesto». Moreno explicaba que su Gobierno ha tomado la decisión de buscar una solución, que se basa en un «equilibrio entre la protección del parque», que es una «obligación legal y moral», y resolver un problema endémico de unas zonas de cultivo ante el que no podemos «cruzarnos de brazos».
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