La Comunidad de Madrid ha adelantado este viernes que tomará las «medidas necesarias» ante la Ley de Vivienda nacional es «invasiva» y ha tachado de «sectario» el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu para su aprobación.
«Una Ley elaborada sin consenso, sin ni siquiera preguntar a los agentes implicados e invadiendo flagrantemente las competencias autonómicas. Un ataque frontal contra la libertad y la hucha de las familias, articulado mediante un intervencionismo estatal inaceptable», han trasladado a Europa Press desde el Ejecutivo regional.
El acuerdo del Gobierno con Bildu y Esquerra implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.
Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas, con un anuncio de pacto que llega en vísperas de las elecciones del 28M.
La Comunidad de Madrid ha afirmado que incluye una invasión de las competencias autonómicas convirtiendo el derecho a la vivienda digna de la Constitución Española para «justificar la intervención de la economía, de los territorios y, en última instancia, de las personas».
Ha defendido que no es un derecho subjetivo o fundamental «como trata de imponer la nueva ley» sino de configuración legal cuyos límites se encuentran recogidos en la propia Constitución. Considera que la función social de la vivienda no puede «limitar el alcance del derecho de propiedad».
«Dado que la Comunidad de Madrid defiende los intereses de las personas, se adoptarán las medidas necesarias que contempla la normativa vigente para proteger a la región y a sus competencias constitucionales de las posibles injerencias intervencionistas e inaceptables», concluye.
Desbloqueo tras más de un año en el congreso
La normativa fue uno de los compromisos que alcanzaron los socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.
De esta forma, llegó al Congreso en febrero de 2022 y, tras superar el debate de totalidad en marzo del año pasado, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.
En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, bajo el argumento que sin incorporar más avances la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria. Mientras, el PSOE afeó que salieran del marco que se había consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también trazó contactos con las dos fuerzas independentistas.
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