Archivo - El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent | INMA CABALLER / CORTS - Archivo

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El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha lamentado que las concesionarias de las ITV «peguen una pataleta que no tiene ningún tipo de sentido» porque «ellas hace 25 años que sabían que el contrato se acababa».

Así se ha pronunciado Climent en declaraciones a los medios este jueves, donde ha señalado que «una cosa es que estén más o menos de acuerdo» y que «quieran pegar la pataleta como es legítimo» pero ha insistido en que «ya está todo decidido» y que continuarán gestionando las inspecciones hasta finales de febrero o principios de marzo, hasta que pasen a depender de la Generalitat.

El conseller ha remarcado que las adjudicatarias sabían que a la finalización del contrato se podrían haber hecho otras licitaciones si lo hubiera considerado la administración, y que estas podrían haber ido a parar a otras empresas, o tomar la decisión de revertirlas a la gestión pública como ha hecho la Generalitat.

Climent ha señalado que ha habido «mucho diálogo» y que ya en la negociación del Botànic 2 se aprobó la vuelta a la gestión pública de este servicio, por lo que ha incidido en que se está siguiendo «la hoja de ruta» y que ya se les ha dado a las adjudicatarias «concesiones» por la pandemia, ya que los contratos terminaban en 2022.

En este sentido, Climent ha prometido «modernizar mucho más las estaciones de ITV», ha defendido que eliminaron la prueba de ruido y que los consumidores «lo habrán notado en su bolsillo» y que ahora tratan de «reequilibrar las estructuras» ya que se pasará de siete empresas a una única.

Climent ha insistido en que tendrán en cuenta a los trabajadores y que habrá una negociación de ámbito colectivo para armonizar su situación. Asimismo, ha indicado que se modernizará toda la estructura y las instalaciones para dar «el mejor servicio» posible con el «menor coste posible» para trabajadores y usuarios.

Sin embargo, ha señalado que este no es un proceso que vaya a acabar en dos meses, sino que llevará de dos a tres años. «La idea es subrogar a todos los trabajadores en la situación que están ahora» y con la idea de, «atendiendo a la normativa del sector público», «conveniar con los trabajadores y homologar el conjunto de diferentes empresas a una única pública».