El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha vuelto a mostrar el rechazo del sector a la Ley de Vivienda por la previsión de limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, mientras la norma sigue atascada desde hace meses y pendiente de tramitación parlamentaria.
«Esa no es la vía, sino el aumento de la oferta», ha advertido en la apertura del III Congreso Nacional de Vivienda, que acoge el Palacio de Congresos de València este martes y miércoles, sobre la limitación de precios de alquiler en áreas tensionadas que prevé el proyecto de ley aprobado en febrero por el Consejo de Ministros.
En su intervención, el representante de las promotoras ha asegurado que el sector no está de acuerdo con esta norma por las consecuencias negativas de limitar los precios del alquiler que, a su juicio, se han dado en ciudades como Berlín o Barcelona. Entre ellas ha destacado la «desaparición» de viviendas disponibles para alquilar o la generación de economía sumergida.
Sobre la situación del mercado de vivienda en España, aunque ha reconocido la sensación de «desazón» a medio y largo plazo, ha confiado en poder superar las dificultades y seguir atrayendo inversiones internacionales. «No sé si vamos a entrar en recesión o no, pero está claro que el sector tiene capacidad y músculo para el futuro de la economía española», ha aseverado.
Como retos a superar, el titular de APCE ha priorizado las trabas burocráticas y, aunque no ha echado la culpa a las administraciones, les ha instado a saber identificarlas y a buscar soluciones. Ha lamentado así la situación «inaudita» de zonas como Madrid donde se tarda meses en conseguir licencias para edificar, ante lo que ha pedido una «reflexión seria» a los gobernantes y más voluntad para reducir los trámites.
También ha reclamado una homogeneización de la legislación española de vivienda, ya que considera que hay «base» para ello por parte del Tribunal Constitucional, y ha instado al Gobierno a no modificar la actual Ley del Suelo porque «sería un parche» y la norma en su opinión está obsoleta.
"nadie se atreve a meter mano a un plan general"
Por contra, ha abogado por plantear tres nuevas leyes «de calado» para ayudar a las comunidades autónomas y ayuntamientos a «flexibilizar» el suelo, «racionalizar» el proceso de rehabilitación de viviendas y «sobre todo, dar flexibilidad a los planes generales» de ordenación urbana. «Hoy nadie se atreve en ninguna ciudad a meterles mano; ningún partido político se atreve a aprobar un plan general por la problemática que genera», ha constatado.
Todo ello, para el presidente de las promotoras, contribuiría a facilitar el acceso a la vivienda para las personas en situación de vulnerabilidad y para los jóvenes. Además, ha exigido garantizar la seguridad jurídica para que no haya «cuellos de botella» en el acceso".
Paralelamente, ha prevenido sobre «el fenómeno de los okupas», ya que a su parecer esto hace que los compradores extranjeros «se lo piensen mucho» a la hora de comprar una vivienda en España, y ha reclamado al Gobierno «no dar cobertura a este movimiento, que es marginal pero perjudica muchísimo», y seguir la postura de países como Francia, Italia o Reino Unido.
El presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia (APROVA), Antonio Olmedo, ha coincidido en reducir las trabas al máximo y en que genera «inseguridad jurídica» que haya tantos decretos relacionados con la vivienda en la Comunitat Valenciana. Ha llamado a intensificar la colaboración público-privada, que «no se acaba de concretar», y a que la administración no esté tan pendiente del control burocrático.
Por su parte, el director ejecutivo de Banca de Empresas de Caixabank, Luis Cabanas, ha apelado al optimismo a pesar de los «nubarrones» de la economía, ya que ha confiado en que los mecanismos del mercado permiten hacer frente a la inflación. También ha asegurado que su entidad mantendrá la colaboración con la administración y apoyará al sector como en la crisis de 2008.
La ley de vivienda "no va contra nadie"
En clave estatal, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno, David Lucas, ha suscrito la necesidad de colaboración público-privada --«nos necesitamos mutuamente»-- y ha defendido que la Ley de Vivienda no pretende «ir contra nadie», sino que todos los españoles tengan acceso a un hogar a un precio digno.
«Los ciudadanos están esperando soluciones y no les podemos fallar», ha reivindicado, y ha lamentado que haya familias que estén «a punto de ser lanzadas o desahuciadas». Además, ha apostado por fortalecer los parques de vivienda pública, por potenciar fórmulas como el 'cohousing' y por erradicar «los núcleos de chabolismo que todavía existen».
Y a nivel autonómico, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha pedido una «nueva relación» entre las administraciones y el sector para que la edificación cumpla los objetivos de sosteniblidad. «Abundar en trabas, ponerse la zancadilla mediática o administrativa no va a ayudar. Tenemos una oportunidad para consolidar ese consenso», ha alentado.
Bajo el lema 'Pensar la vivienda hoy. Vivir el mañana' y más de 450 asistntes, el foro ha iniciado su primera jornada en València, donde estaba previsto que se celebrara en febrero pero fue aplazado por la situación sanitaria. La próxima edición tendrá lugar en Málaga.
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