Chaves ha inaugurado hoy la cumbre «El reconocimiento de la insularidad en la Política Regional Europea» que se celebra en Palma. | Joan Torres

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El vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado hoy que el Gobierno apoya la necesidad de que la insularidad forme parte del debate del próximo marco financiero de la UE para 2013-2020 donde se definirá el reparto de fondos, para que se fije «algún tipo de compensación».

Chaves ha inaugurado hoy la cumbre «El reconocimiento de la insularidad en la Política Regional Europea» que se celebra en Palma, en el marco de la presidencia española de la UE, y ha afirmado que el Gobierno español «es consciente de las dificultades que representa la insularidad».

El ministro ha destacado que la estrategia 2020 de la UE y el Tratado de Lisboa representan un avance en este sentido, al reconocer por primera vez la cohesión como objetivo primordial de la UE, pero ha advertido de que para alcanzarla «sobre el terreno», las autoridades locales y regionales «deben adquirir mayor implicación en las gestiones de esas políticas».

«Si de verdad queremos una Europa unida y cohesionada, la política de cohesión no tiene fines puramente redistributivos sino que también debe desencadenar el potencial de la regiones eliminando deficiencias y atendiendo a su singularidad», ha dicho Chaves, quien ha señalado que en ese contexto, los territorios insulares presentan una «doble singularidad».

Chaves ha insistido en que el Gobierno es sensible a las circunstancias especiales de los territorios insulares y se ha referido a particularidades de las islas como la reducida variedad de recursos naturales o la dificultad para beneficiarse de economías de escala.

Corrupción

Chaves censuró al PP por «no haber controlado a sus propios militantes» para evitar los casos de corrupción, algo que, a su juicio, deberían hacer todos los partidos políticos, teniendo en cuenta que, a su juicio, esto es incluso «más importante» que la reforma del Código Penal, que se está debatiendo para endurecer las penas contra los cargos públicos que cometan delitos relacionados con la corrupción.