Imagen del cantante estadounidense de bachata Romeo Santos durante un concierto en Santiago de Chile en 2018. | Efe

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Romeo Santos, el rey de la bachata, anunció que iba a ofrecer un concierto en Mallorca el 16 de abril de 2016. La promotora Pal Mundo reprogramó la fecha al 30 de julio en el Palma Arena y, finalmente, canceló la actuación por «problemas logísticos y técnicos». La totalidad de las entradas se había vendido. El aforo estaba completo y las explicaciones efectuadas por los promotores carecían de fundamento.

Los cuatro organizadores de la gira del artista latinoamericano, tres hombres y una mujer, irán a juicio el próximo martes en la Audiencia de Palma por haberse quedado con 40.419 euros de las entradas de 306 personas. La Fiscalía pide una condena de cinco años de cárcel para cada uno de los tres acusados y dos para la mujer. El Ministerio Público recoge en su escrito al que ha tenido acceso Última Hora que el dinero recaudado por los puntos de venta y relaciones públicas era entregado a los promotores.

Los acusados, según la versión de la acusación pública, no realizaron ninguna promoción del concierto mediante carteles o publicidad, salvo a través de redes sociales. No contrataron ninguna empresa de servicios de apoyo en la producción de este tipo de eventos como es habitual ni efectuaron ninguna reserva de hoteles, vuelos y transporte para Mallorca necesarios para la celebración del evento.

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La promotora Pal Mundo anunció un cambio de fecha del 16 al 30 de julio y los usuarios que deseaban el reembolso de las entradas no obtenían respuesta a través de los correos electrónicos. Muchos compradores que deseaban recuperar su dinero no lo consiguieron.

La organizadora del evento contrató a un hombre en octubre de 2015 para el concierto de Palma y se encargó de recoger el dinero recaudado en los puntos de venta. El trabajador entregó a uno de los acusados 85.000 euros en marzo de 2016.

Los promotores redirigieron las reclamaciones a esos mismos puntos de venta para evitar que los compradores les reclamara a ellos la devolución de las entradas. La Fiscalía sostiene que los acusados «nunca planificaron ni organizaron adecuadamente» el concierto. Se limitaron a establecer distintas fórmulas de cobro. «Nunca tuvieron la intención de celebrar los conciertos ni de devolver las entradas, creando únicamente apariencia seria de organizarlos».